La diputada socialista en la Asamblea de Murcia,
Consuelo Cano,
ha registrado una pregunta que obliga al consejero de Salud,
Manuel Villegas, a comparecer en la Cámara por el polémico concurso de terapias respiratorias domiciliarias (
TRD).
En concreto, el
grupo socialista ha llevado a la Mesa de la Asamblea las siguientes cuestiones: "¿Qué motivos existen para el
retraso en la adjudicación del concurso de terapias respiratorias domiciliarias (TRD)?"; "¿Cuentan las empresas que concurren al concurso de terapias respiratorias domiciliarias con los permisos previos sanitarios que otorga la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps)?"; "¿Cuál es el
criterio técnico para entender la Consejería de Salud que no es necesario tener los permisos sanitarios que otorga la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para la asignación del concurso de terapias respiratorias domiciliarias (TRD)?".
El grupo socialista advirtió recientemente que en un proceso así no podían primar solo los criterios de ahorro. "Los pacientes más dependientes de estas terapias
desconfían de este cambio, porque temen que surjan problemas con la prestación de un servicio hasta ahora satisfactorio para ellos al cambiar a empresas sin experiencia y con una bajada del 30 por ciento con respecto a las empresas con experiencia", explicaba Cano.
"
No es un tema menor, pues si en la Región estas empresas consiguen saltar los reparos y autorizaciones, tendrán vía libre en otras Comunidades que hasta ahora les han negado la entrada por carecer de los preceptivos permisos de la Aemps", ha añadido la diputada socialista.
Se trata de la segunda ocasión en la que Villegas acude a la Cámara parlamentaria para explicar el polémico concurso. En su primera intervención
evitó aclarar por qué empresas sin permisos y apenas experiencia en oxigenoterapia habían sido aceptadas para participar en el concurso.
La culpa de no pedir los permisos de TRD: ¿los funcionarios?
Este mismo miércoles, Villegas respondía a Redacción Médica aclarando que el proceso del concurso estaba
siguiendo las pautas marcadas por los técnicos de la Administración regional. "Los pliegos de condiciones que rigen los concursos públicos los elabora el personal técnico al servicio de la Administración, sobre el que tenemos plena confianza dada su probada experiencia y profesionalidad, y siempre asesorados por especialistas en la materia", explicaba para cargar la responsabilidad en los técnicos.
Sin embargo, el titular de la cartera sanitaria
no entraba directamente en las preguntas planteadas por este periódico: por ejemplo, cómo habían pasado todos los filtros dos empresas, Acciona y Ferrovial, que no tienen los decisivos permisos de la Aemps; o qué opinión le merecían las miles de firmas recogidas por los pacientes y que pedían suspender el concurso.
Un proceso que, tras la puntuación oficial de las empresas,
ha dejado a la UTE Acciona-Orthem con la posibilidad de hacerse con tres de los cuatro lotes de un concurso valorado en más de 33 millones de euros. Este periódico ha podido contrastar con las autoridades sanitarias españolas que ninguna de estas empresas tiene la autorización para trabajar en el sector de la oxigenoterapia.
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