El
Servicio Murciano de Salud y la Consejería sanitaria del ramo dirigida por
Manuel Villegas aplicaron al concurso de terapias respiratorias domiciliarias (
TRD) una estrategia para que empresas que (según lo contrastado
por este periódico con la Aemps) carecen de los permisos sanitarios, como
Acciona y Orthem, hayan llegado al final de un concurso público de más de
33 millones de euros.
Y es que a diferencia del último concurso de oxigenoterapia, de 2005, donde
se exigía la solvencia en el sobre A del proceso administrativo, en el actual
todos esos requerimientos se han sustituido por un mecanismo diferente, mucho más laxo en el tiempo de cara a pedir los obligatorios permisos, y que
se extiende también a otros contratos públicos sanitarios del SMS.
En los pliegos del mencionado concurso, el sobre A, la denominada “Capacidad para contratar” se ha
sustituido por una “declaración responsable”. Se trata de una herramienta administrativa donde la parte interesada se compromete a tener todos los requisitos en regla cuando la parte contratante se los solicite.
En el concurso previo de TRD de la Región, a cuyos pliegos ha accedido
Redacción Médica, fechado en 2005 y que el actual viene a sustituir, las exigencias sin embargo podrían haber
lastrado la participación de estas empresas al principio del proceso. Y es que si bien existía una parte de “declaración responsable”, esta solo eximía de presentar en el sobre A algunos documentos. Sin embargo, seguía siendo obligatorio presentar “la suficiente solvencia económica y financiera”.
El citado sobre exigía tanto a las empresas como a las Uniones Temporales de Empresas (UTE) “la declaración de la disponibilidad de, al menos,
el 60% de los equipos necesarios para atender a los pacientes de los lotes a los que licite y para cada una de las terapias”. Del mismo modo, se hacía esencial presentar la
“declaración de la capacidad de embotellar oxígeno medicinal anual de, al menos, el 150% del oxígeno necesario para atender durante un año a los pacientes de cada uno de los hospitales a los que licite”.
La falta de solvencia: el lastre de Acciona
Para el modelo de UTE, como es el caso de
Acciona-Orthem, se solicitaba que
“cada una de las empresas que compongan dicha unión deberá acreditar su capacidad y solvencia para contratar del mismo modo que lo indicado para las empresas individuales”.
A diferencia de Murcia, regiones como
Aragón han fulminado la participación de Acciona precisamente por
carecer de la citada solvencia técnica. También ha ocurrido en Castilla-La Mancha, donde no acreditó solvencia técnica o profesional. Y en
Galicia, donde los pliegos determinaron de acuerdo a la documentación entregada por la empresa que “no acreditaba solvencia económica y financiera, ni capacidad técnica y profesional”.
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