Murcia ya puede poner multas en sanidad de hasta 30.000 euros a agresores

El Gobierno de la Región de Murcia ya puede empezar a imponer sanciones a las personas que agredan a sanitarios. El Ejecutivo autonómico se ha dotado de su propia ley sobre infracciones y multas en materia de violencia en el ámbito sanitario, una normativa que aprobó la Asamblea autonómica hace unas semanas por unanimidad, que establece sanciones de hasta 30.000 euros y que este lunes consta en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El texto recoge que el ejercicio de las profesiones sanitarias requiere un alto grado de confianza entre el paciente y el sistema sanitario, cuyas relaciones se basan en el mutuo respeto y la colaboración. Además, el personal de los centros y servicios sanitarios tiene "derecho tanto al respeto a su honor y prestigio profesional en el desempeño de sus funciones como a su seguridad e integridad física y moral, sin sentirse amenazado en su práctica asistencial".

Aunque una agresión a un profesional sanitario puede constituir delito de atentado a funcionario público, no todas las conductas son calificadas como delito, como así lo refleja el II Plan de Prevención y Atención frente a agresiones a profesionales del Servicio Murciano de Salud. Por ello, se ha visto necesario un régimen sancionador administrativo que debe dar respuesta a estas acciones violentas, que contribuyen al desgaste de los profesionales y también al de la relación sanitaria, si se percibe que las mismas quedan impunes.

Conductas infractoras

Así, esta ley establece qué conductas constituyen infracciones administrativas en materia de violencia en el ámbito sanitario contra los profesionales sanitarios y el conjunto del personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, por parte de las personas usuarias, pacientes, familiares y sus acompañantes. Esta protección se extiende de forma integral a la integridad física, moral y al patrimonio personal del profesional vinculada al ejercicio de sus funciones. Asimismo, se garantiza específicamente la protección del trabajador frente a agresiones, insultos, amenazas y su divulgación a través de redes sociales, plataformas digitales o cualquier otro medio de comunicación electrónica, cuando estas conductas tengan su origen o causa en el desempeño de su actividad profesional.

Sin perjuicio de la necesaria respuesta frente a las conductas descritas, resulta igualmente imprescindible para el Gobierno de la Región de Murcia reforzar tanto un enfoque preventivo basado en la información, sensibilización y concienciación de la ciudadanía, como asegurar el apoyo psicológico y el asesoramiento jurídico y asistencia letrada a los profesionales agredidos.

Se promoverán actuaciones dirigidas a fomentar el respeto hacia los profesionales sanitarios y el adecuado uso de los servicios públicos de salud, mediante campañas institucionales, programas educativos y acciones formativas en los ámbitos social, comunitario y educativo. Estas medidas, alineadas con los principios de protección de la salud y de seguridad en el entorno sanitario recogidos en la normativa vigente, contribuirán a la detección temprana de situaciones de riesgo y a la reducción de conductas incívicas o violentas, reforzando así la eficacia del sistema en su conjunto.

Los importes de las sanciones oscilan de 300 a 3.000 euros, en el caso de las leves; de 3.001 a 15.000 euros, en las graves; y de 15.001 a 30.000 euros, en las muy graves.