Murcia y la Comunidad Valenciana han consensuado un documento para exigir que la reforma del sistema de financiación autonómica blinde los recursos económicos para la sanidad, la educación y los servicios sociales, tal y como ocurre con las pensiones, para que esos apartados no estén a expensas del devenir de la economía. Asimismo, esperan que la modificación se produzca este año y que tenga una vigencia de cinco años.
El consejero de Hacienda de Murcia, Andrés Carrillo, y su par valenciano, Vicent Soler, se han reunido en Murcia para acercar posturas en torno a las reivindicaciones que llevarán este jueves a la reunión para iniciar los trámites de reforma del sistema de financiación autonómica.
Ambos consejeros han acordado un documento con ocho reivindicaciones, entre las que destaca la que insta a que el nuevo sistema garantice la estabilidad de la financiación para los tres pilares básicos del Estado, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Por su parte, Carrillo ha destacado que al igual que las pensiones están blindadas por el Pacto de Toledo y no dependen de las fluctuaciones de la economía, lo mismo debe ocurrir con los tres sectores mencionados.
En el documento conjunto también se ha solicitado que las nuevas necesidades de gastos en esos ámbitos y en el resto de competencias vayan acompañadas de nuevos recursos, por ejemplo, para garantizar el acceso a nuevos medicamentos y tratamientos.
En esa línea, han insistido en que el sistema debe proporcionar financiación suficiente para prestar esos servicios públicos con un "nivel de calidad adecuado" y sin incurrir en déficit, como ha ocurrido en los últimos años, en los que fue necesario llegar al endeudamiento para garantizar su prestación.
Un debate productivo
Ambos consejeros han coincidido en que la reforma del sistema "no debe ser un debate entre territorios", sino servir para "mejorar el Estado del bienestar poniendo en el centro a las personas", con independencia del lugar en el que residan, para evitar cualquier conflicto entre regiones.
Asimismo, han señalado que el sistema debe equiparar en recursos a todas las regiones con el fin de evitar las diferencias de financiación por habitante y han reivindicado que sea un sistema "sencillo, transparente y predecible" que permita a las comunidades planificar con antelación sus políticas fiscales, de inversiones y de gastos.
Además, han subrayado la importancia de trasladar también a las corporaciones locales esas características de financiación y la necesidad de garantizar la "sostenibilidad financiera" abordando el problema de los déficit generados a causa de la infrafinanciación, que debe tratarse, han dicho, como un "problema de Estado”.
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