La Consejería de Educación y Cultura modificará los decretos de los currículos de primaria y secundaria para que la autorización denominada por Vox como
"pin parental" sea obligatoria para las actividades complementarias, pero no se requerirá en caso de charlas impartidas por funcionarios como
enfermeras y médicos.
Asimismo, el silencio de los padres se considerará positivo y no negativo como hasta ahora, es decir, si un menor no entrega la autorización, asistirá a la actividad, y
solo se quedará fuera si sus progenitores manifiestan expresamente que no consienten la asistencia de sus hijos.
Con este cambio, la región murciana vuelve a dar vía libre a cualquier charla sobre vacunas o de cualquier ámbito sanitario, siempre y cuando estén impartidas por profesionales sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS)
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Según la consejera de Educación, a los funcionarios "se les presupone una neutralidad ideológica"
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Así lo ha avanzado este miércoles la consejera del Educación,
Esperanza Moreno, que ha explicado que de esa manera se da solidez a la instrucción que desde el principio de este curso ha servido para implantar en los colegios e institutos murcianos el
denominado pin parental.
De este modo,
el Gobierno de Murcia recula en sus pretensiones iniciales, las cuales, tal y como avanzó este diario, daban la última potestad a los padres a la hora de decidir sobre la formación escolar complementaria impartida por personal no docente ajeno al centro,
como pueden ser médicos, enfermeros y psicólogos.
Norma por decreto
El nuevo decreto, que se aprobará en Consejo de Gobierno sin necesidad de pasar por la Asamblea Regional, ha explicado la consejera, incluirá
“algunos matices” al actual permiso parental para reducir la burocracia y facilitar a los centros educativos la labor de recabar las autorizaciones.
Así,
no será necesario autorizar a los menores acudir a actividades que impartan funcionarios públicos sobre asuntos relacionados con sus funciones, como policías, bomberos, guardias civiles,
médicos, enfermeros o jueces.
Se ha tomado esa decisión, según Moreno, porque a los funcionarios
“se les presupone una neutralidad ideológica” que están obligados a mantener en el ejercicio de sus funciones, algo que no se puede exigir a otros colectivos como miembros de asociaciones.
Para modificar el decreto se abrirá en primer lugar un plazo de exposición pública en el Portal de la Transparencia y después se someterá a los informes preceptivos para, por último, aprobarse en Consejo de Gobierno, un proceso que podría demorarse,
“siendo optimistas”, entre dos y tres meses.
Para Moreno, esta modificación de las condiciones del veto parental “respeta el acuerdo de gobernabilidad con Vox”, aunque no ha aclarado si lo habían trasladado ya al partido de Santiago Abascal y tampoco a sus socios de Ciudadanos para conocer su opinión al respecto.
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