Murcia ha aprobado una prórroga de la normativa que permite actualmente a los médicos y enfermeros de la sanidad pública compatibilizar su trabajo con la
prestación de servicios en otros centros de carácter privado que estén en situación de concertación. La decisión, aprobada en el
Consejo de Gobierno, permitirá extender esta fórmula hasta el
31 de diciembre de 2024, lo que concede un año más a los profesionales que actualmente ya están llevándolo a la práctica.
El Ejecutivo ha justificado esta medida ante la necesidad de garantizar el
“interés público” en la prestación simultánea de la asistencia sanitaria tanto en el Servicio Murciano de Salud (SMS) como en los centros concertados de la sanidad privada que tienen algún tipo de
contrato suscrito con la administración pública.
En todo caso, el Gobierno de Murcia ha establecido una serie de condiciones previas para poder disfrutar de este derecho. La fundamental es que debe haber una limitación horaria en la jornada dedicada en la parte privada.
“La actividad en los centros concertados sólo podrá prestarse a tiempo parcial y con duración determinada, en las condiciones establecidas por la legislación laboral”, reza el texto aprobado el Consejo de Gobierno.
El acuerdo ha recordado además que para el ejercicio de esta segunda actividad será “imprescindible” una
autorización de compatibilidad “expresa” que se deberá conceder antes de iniciar los trabajos. Además, se debe garantizar que no afecta negativamente a los tiempos de asistencia en la sanidad pública. “No podrá afectar a la jornada de trabajo que el interesado deba prestar en el Servicio Murciano de Salud”, han expuesto.
Requisitos de compatibilidad en la sanidad privada
La medida prorrogara el anterior marco normativo, aprobado el 22 de enero de 2022 en el que ya se recogían todas esas características. Actualmente,
las listas de compatibilidades reúnen a 1.661 profesionales a los que se ha concedido el derecho a compatibilizar pública y privada. En el anexo publicado por el Gobierno viene recogido el centro en el que prestan servicio, si lo hacen en calidad de
autónomos o como contratados, así como el
número de horas a la semana que dedican a esta práctica voluntaria.
En el registro figuran
médicos especialistas de diferentes áreas, enfermeros, técnicos, ingenieros, fisioterapeutas o celadores que dedican una parte de su labor fuera de la sanidad pública. Además del trabajo en clínicas privadas, también destaca la presencia de algunos profesionales dedicados al sector de los seguros o a la docencia.
Actualmente casi todas las comunidades autónomas tienen aprobados diferentes modelos para permitir la compatibilidad entre la pública y la privada, aunque el impacto económico sobre el bolsillo de médicos o enfermeros es diferente. Tras los cambios aprobados en
Asturias, la única región que cuenta con grandes penalizaciones en la nómina es
Navarra que llega a reducir hasta en 1.000 euros mensuales el pago de sus profesionales. El debate también está abierto en
Ceuta y Melilla, donde los facultativos han incluido propuestas de mayor flexibilidad como parte de las reclamaciones de
la huelga médica que se activó a principios de año.
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