El
Tribunal de Cuentas cree que el
Servicio Murciano de Salud (SMS) ha acometido varias
anomalías en
contratos y adjudicaciones realizadas en los
años 2016 y 2017 que le han llevado a acarrear un
sobrecoste en la realización de
obras como la del Hospital Oncohematológico del Morales Meseguer o la rehabilitación del Hospital Reina Sofía. Un coste extra que también se ha dado en la
compra de medicamentos debido a una falta de transparencia y publicidad.
Según detalla la resolución de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
el SMS no ha valorado suficientemente la rebaja en el precio de las ofertas en sus convocatorias ignorando así el principio de economía en la gestión de los fondos públicos. “La ponderación del criterio precio no alcanza el 50 por ciento de la ponderación del total de los criterios, lo que pudiera resultar contradictorio con el principio de economía que debe presidir toda licitación pública”, reza el informe.
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En concreto, la ponderación se sitúa alrededor de 40 de los 100 puntos posibles para la contratación de determinados servicios en los centros de la Gerencia del Area I Murcia-Oeste y los hospitales de la
Arrixaca, Santa Lucía de Cartagena y Los Arcos del Mar Menor.
Un hecho que también se repite en la licitación de las obras de construcción del
hospital de día Oncohematológico y polivalente en el Hospital General Universitario Morales Meseguer; las obras de reparación de deficiencias en el edificio del
Hospital General Universitario Reina Sofía y las obras de segunda fase de reforma integral en el antiguo
Hospital de Lorca, edificio Santa Rosa de Lima.
¿Cómo se realizaron las compras de medicamentos?
El Tribunal de Cuentas también ha detectado una falta de transparencia y publicidad del SMS en la compra de medicamentos para los servicios de farmacias de los hospitales del servicio de salud autonómico. “En la cláusula nº 9 PCAP se recogen los aspectos económicos y técnicos objeto de negociación, sin que se establezca ningún tipo de valoración para cada uno de ellos.
Esta actuación no es conforme con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública”, reza el informe.
Según detalla el organismo esto es clave para la negociación porque en los PCAP es donde
deben establecerse con” precisión y claridad” todos los criterios de adjudicación y la forma de valoración de cada uno de ellos. “El objetivo es que puedan ser conocidos por las empresas interesadas en las licitaciones a fin de que puedan prepararse sus ofertas en coherencia con los requisitos y las necesidades reales de las administraciones contratantes”, explican.
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