La Sociedad Española de
Neumología y Cirugía Torácica (Separ) ha emitido un comunicado donde se matizan las principales indicaciones para una
correcta administración de las terapias respiratorias domiciliarias (TRD), y que
se basan en el Protocolo que la citada sociedad tiene publicado.
Una nota que llega en pleno conflicto por el concurso público que la Región de
Murcia tiene convocado para la gestión de estas terapias, donde la
infrafinanciación (que se ha calculado en torno a un 30%) y la participación de empresas de escasa experiencia en TRD han puesto en alerta a sanitarios y pacientes, que han llegado a trasladar dicha licitación a la Fiscalía,
que ha abierto una investigación.
Entre los criterios que según Separ deben regir los protocolos de TRD entra que se tenga como criterio “la mejor evidencia disponible y publicada en la literatura, junto con la evaluación realizada por las agencias de evaluación tecnológica”. También, y aquí entra uno de los primeros conflictos del mencionado concurso murciano,
“la relación coste-beneficio más favorable que garantice una atención de calidad y sostenible para los pacientes”.
Sobre este punto, según detallaron
los neumólogos de la región, están “preocupados” pues el recorte de presupuesto en el concurso en buena medida complica la correcta administración de las terapias. José Antonio Ros, presidente de la Sociedad Murciana de Patología del Aparato Respiratorio (Somupar), señaló a Redacción Médica que varias empresas con trayectoria en el sector les han explicado que
ven “imposible” que las empresas que se han presentado (Acciona y Ferrovial) sean capaces de prestar los servicios incluidos en el pliego de condiciones al precio que ha salido la licitación.
Separ también incide en que “la utilización de equipos de determinadas marcas y modelos debe estar basada en el nivel de complejidad de la patología del enfermo”. “De entrada, para cualquier terapia deben emplearse los equipos más básicos de primer nivel. Los equipos más sofisticados de prestaciones superiores y de un mayor coste deben quedar reservados para los pacientes con un
mayor grado de complejidad, que los precisan por la dificultad de manejo de su enfermedad de base”, matiza el protocolo. Asimismo, suma que “la introducción de innovación en tecnología sanitaria debe basarse siempre en el criterio de la mayor evidencia científica disponible, junto a la Cartera Básica de Prestaciones del Ministerio de Sanidad en Materia de TRD”.
Estándares de calidad únicos para toda España
Otra de las reflexiones que arroja el comunicado de Separ es la importancia de que haya unos
estándares de calidad comunes a todo el territorio español. “Es necesario disponer de protocolos de indicación, control y seguimiento realizados por los profesionales directamente implicados en la atención a estos enfermos en colaboración con el resto de agentes. Estos protocolos deberían ser únicos para todo el territorio español, con el fin de alcanzar la necesaria calidad y equidad, pero pudiéndose adaptar a las peculiaridades de áreas sanitarias concretas, así como ser aplicables en los concursos que convoque la Administración para la provisión de las terapias”.
Una cuestión que también queda en seria tela de juicio con el caso del concurso de
TRD que está administrando la Consejería de Salud de la Región de Murcia, dirigida por Manuel Villegas. Y es que si este organismo
ha dado por válidas tanto a Acciona como a Ferrovial como empresas capaces de gestionar estas terapias, la situación en el resto de comunidades autónomas es muy distinta. Así, en diferentes concursos públicos de TRD ambas corporaciones han quedado excluidas de las licitaciones por no acreditar la debida solvencia.
En Castilla-La Mancha tanto Acciona como Ferrovial fueron apartadas: ninguna presentó la habilitación empresarial como laboratorio que otorga la Aemps y Acciona, además, no presentó las cuentas de la empresa por el debido registro.
En Aragón, Acciona fue la única empresa excluida en su concurso de oxigenoterapia por
no acreditar solvencia técnica o profesional. Y algo similar ocurrió en Galicia, donde en septiembre de 2017 la mencionada corporación quedó excluida del
concurso de TRD del Sergas por no acreditar solvencia económica y financiera, ni capacidad técnica y profesional”.
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