El
Partido Popular y
Ciudadanos han aceptado este viernes los compromisos exigidos por
Vox para desbloquear la situación política y permitir un
Gobierno en Murcia presidido por el candidato popular
Fernando López Miras, cuya investidura será, previsiblemente, a finales de la semana que viene.
Hace unos días la formación de
Santiago Abascal le remitió
un documento a estos dos partidos con
una serie de exigencias que deberían aceptar si querían conseguir el apoyo de Vox y sumar así la mayoría necesaria en la Asamblea de Murcia para poner fin al bloqueo político en la región. Entre estas peticiones, se encuentran
tres propuestas de tipo sanitario.
Exigencias sanitarias
La primera de ellas, reza el documento, es que “se destinarán los recursos procedentes de la reducción de gasto político y de la reducción del
Sector Público Institucional a
aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad”.
En segundo lugar, Vox reclama al nuevo Gobierno saliente de este acuerdo “
la ampliación de los servicios y el desarrollo sobre cuidados paliativos. Se instará a la aprobación de una ley nacional”.
La tercera de las medidas es la elaboración en el plazo de seis meses de “un plan económico y de gestión que mejore la atención y los servicios que ofrecen los centros de salud, con el objetivo de
una drástica reducción de las listas de espera sanitarias”.
Por otro lado, el texto recoge dos preceptos que guardan relación con el ámbito de salud, siendo uno de ellos la ampliación de las ayudas y el apoyo a las familias "con algunos de sus miembros con
discapacidad intelectual". Asimismo, se propone aprobar "una
Ley de Protección Integral de las Familias y, a su vez, se destinarán partidas presupuestarias concretas al
apoyo a la maternidad, fomentado así la natalidad.
Auditoría para las subvenciones
El documento también recoge una serie de demandas que, de un modo u otro, pueden afectar a la sanidad. Así, el partido sostiene que trabajará por
"garantizar que toda subvención tenga un evidente fin de utilidad pública y social".
De este modo, "
se realizará una auditoría de las subvenciones otorgadas en la última legislatura, con determinación de su importe, destinatario, fines y acceso a la memoria de ejecución elaborada por el receptor de la subvención".
Esta es una medida que tiene repercusión en las entidades públicas cuya función está relacionada con la sanidad, como puede ser, por ejemplo, la
Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias.
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