Marcos Domínguez. Madrid
El convenio sanitario entre la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha ha sido uno de los protagonistas de la última comisión de Sanidad de la legislatura en la asamblea regional de la capital de España. Preguntado por él, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Manuel Molina, se ha felicitado por un acuerdo en el que “priman las personas y se derriban fronteras”.

“Los españoles no deben preocuparse por los trámites administrativos”, ha celebrado, “ya que los gobiernos tenemos la obligación de trabajar coordinadamente”, asegurando una rápida asistencia hospitalaria “por encima de las fronteras”.

La oposición de la asamblea no ha recibido con la misma alegría un convenio que es un “parche” para solucionar los problemas que genera la fragmentación del SNS, en palabras de Enrique Normand, portavoz de UPyD en la comisión. “¿Es necesario que los pacientes castellanomanchegos tengan que tener una tarjeta específica para poder venir a Madrid?”, se ha preguntado.

Además, Normand ha señalado que el pago de la cápita por habitante se realiza independientemente de que se utilice o no, “lo que no tiene mucha lógica” sobre todo en un contexto de racionalización de los recursos sanitarios. La cantidad a pagar por habitante, ha continuado el portavoz, “no cuadra” si se compara con la calculada durante el desarrollo la externalización de la gestión de seis hospitales, entre los que se encuentran el del Tajo (Aranjuez) y el Infanta Cristina (Parla), a donde irán los ciudadanos del norte de Toledo en virtud de este convenio.

Móstoles, fuera del acuerdo

Precisamente sobre la privatización ha hablado el representante socialista, Juan Manuel Freire, que ha acusado al gobierno madrileño de “cocinar el acuerdo en 2013, en plena efervescencia privatizadora”. De otro modo, el Ejecutivo regional tendrá que hacer unos “fabulosos esfuerzos de imaginación” para justificar la elección de los hospitales de Aranjuez y Parla pero no de Móstoles, “que les quedan mucho más cerca” a los ciudadanos interesados. A lo que Molina ha replicado que le puede asegurar que el acuerdo “no ha tenido ningún contacto con la externalización”.

A vueltas con la privatización, el portavoz de Izquierda Unida en la comisión, Rubén Bejarano, ha levantado sospechas sobre el posible “protagonismo especial de las clínicas privadas” en este acuerdo.