María Teresa Vidán, geriatra investigada por los protocolos covid de Madrid
El juzgado la incluye en la causa tras apuntar a ella como presunta autora de los documentos de derivación en pandemia
Cientos de personas durante una manifestación protocolos covid de Madrid.
29 jun 2026. 18.20H
POR REDACCIÓN MÉDICA
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arganda investiga a la geriatra María Teresa Vidán en el marco de una de las causas abiertas por la aplicación de los protocolos de derivación en residencias durante la primera ola de la pandemia del covid en la Comunidad de Madrid. La facultativa, vinculada al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ha sido señalada en sede judicial como la persona que habría redactado el documento que después firmó el entonces director de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno regional, Carlos Mur.
La comparecencia de la geriatra en calidad de investigada estaba prevista para este martes, aunque finalmente ha sido suspendida, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. La citación llegaba después de que Mur asegurara en varias declaraciones judiciales que él se limitó a firmar el protocolo y que la encargada de elaborarlo fue la citada doctora.
En una de esas declaraciones, prestada ante el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, Mur afirmó que rubricó el documento como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones. En esa misma versión, sostuvo que el texto había sido presentado inicialmente por una geriatra experta durante una reunión celebrada el 15 de marzo de 2020 en la Consejería de Sanidad.
La causa que instruye el juzgado de Arganda del Rey forma parte de los procedimientos abiertos tras la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de residentes fallecidos. En esa denuncia se atribuye a diversos exaltos cargos del Gobierno regional un presunto delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
La investigación sobre Vidán se incorpora así a una línea judicial en la que ya figuran como investigados, en distintos procedimientos, el propio Carlos Mur; su sucesor al frente de la Coordinación Sociosanitaria, Francisco Javier Martínez Peromingo; el entonces responsable del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; y el exasesor de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño.
María Teresa Vidán Astiz aparece vinculada profesionalmente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón desde agosto de 1998, donde consta como responsable de sección clínica en el Departamento de Geriatría. También figura como profesora asociada de Geriatría en el Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid desde septiembre de 2014.
Además, su trayectoria incluye responsabilidades en el ámbito científico de la especialidad. Según la información profesional aportada, fue secretaria general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología entre febrero de 2021 y junio de 2025. En el apartado académico, consta como doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de doctorado en 1995, y con formación previa en Medicina por la Universidad de Navarra.
La declaración ahora suspendida de la geriatra ya había sufrido un aplazamiento anterior. Inicialmente estaba prevista para el pasado 9 de abril, pero tuvo que posponerse por un error en la citación judicial, según denunciaron las asociaciones de familiares. Estas entidades consideran que este tipo de incidencias retrasa el avance de las investigaciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia.
De forma paralela, los abogados de las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han ampliado las denuncias y querellas presentadas en 60 juzgados de la Comunidad de Madrid para incorporar un presunto delito de prevaricación, además del de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
Según ambas organizaciones, la ampliación se fundamenta en las declaraciones judiciales de Mur y Martínez Peromingo, cuyas versiones consideran contradictorias respecto a los criterios de no derivación recogidos en los protocolos aprobados los días 18 y 20 de marzo de 2020. Mientras Martínez Peromingo sostiene que advirtió de su carácter “discriminatorio”, Mur mantiene que firmó los documentos sin compartir parte de su contenido.
La investigación judicial continúa centrada en determinar las responsabilidades derivadas de la aplicación de aquellos protocolos durante la primera ola de la pandemia. La condición de investigada de Vidán implica que el juzgado la cita para esclarecer su posible participación en los hechos, sin que ello suponga una condena ni una atribución definitiva de responsabilidad penal.
La comparecencia de la geriatra en calidad de investigada estaba prevista para este martes, aunque finalmente ha sido suspendida, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. La citación llegaba después de que Mur asegurara en varias declaraciones judiciales que él se limitó a firmar el protocolo y que la encargada de elaborarlo fue la citada doctora.
En una de esas declaraciones, prestada ante el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid, Mur afirmó que rubricó el documento como aval técnico y validación para dar apoyo a los profesionales en la toma de decisiones. En esa misma versión, sostuvo que el texto había sido presentado inicialmente por una geriatra experta durante una reunión celebrada el 15 de marzo de 2020 en la Consejería de Sanidad.
La causa que instruye el juzgado de Arganda del Rey forma parte de los procedimientos abiertos tras la denuncia colectiva presentada en octubre de 2024 por 109 familiares de residentes fallecidos. En esa denuncia se atribuye a diversos exaltos cargos del Gobierno regional un presunto delito de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
La investigación sobre Vidán se incorpora así a una línea judicial en la que ya figuran como investigados, en distintos procedimientos, el propio Carlos Mur; su sucesor al frente de la Coordinación Sociosanitaria, Francisco Javier Martínez Peromingo; el entonces responsable del Summa 112, Pablo Busca Ostalaza; y el exasesor de la Comunidad de Madrid Antonio Burgueño.
María Teresa Vidán Astiz aparece vinculada profesionalmente al Hospital General Universitario Gregorio Marañón desde agosto de 1998, donde consta como responsable de sección clínica en el Departamento de Geriatría. También figura como profesora asociada de Geriatría en el Departamento de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid desde septiembre de 2014.
Además, su trayectoria incluye responsabilidades en el ámbito científico de la especialidad. Según la información profesional aportada, fue secretaria general de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología entre febrero de 2021 y junio de 2025. En el apartado académico, consta como doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de doctorado en 1995, y con formación previa en Medicina por la Universidad de Navarra.
Versiones supuestamente contradictorias
La declaración ahora suspendida de la geriatra ya había sufrido un aplazamiento anterior. Inicialmente estaba prevista para el pasado 9 de abril, pero tuvo que posponerse por un error en la citación judicial, según denunciaron las asociaciones de familiares. Estas entidades consideran que este tipo de incidencias retrasa el avance de las investigaciones sobre la gestión de las residencias durante la pandemia.
De forma paralela, los abogados de las asociaciones Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia han ampliado las denuncias y querellas presentadas en 60 juzgados de la Comunidad de Madrid para incorporar un presunto delito de prevaricación, además del de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria.
Según ambas organizaciones, la ampliación se fundamenta en las declaraciones judiciales de Mur y Martínez Peromingo, cuyas versiones consideran contradictorias respecto a los criterios de no derivación recogidos en los protocolos aprobados los días 18 y 20 de marzo de 2020. Mientras Martínez Peromingo sostiene que advirtió de su carácter “discriminatorio”, Mur mantiene que firmó los documentos sin compartir parte de su contenido.
La investigación judicial continúa centrada en determinar las responsabilidades derivadas de la aplicación de aquellos protocolos durante la primera ola de la pandemia. La condición de investigada de Vidán implica que el juzgado la cita para esclarecer su posible participación en los hechos, sin que ello suponga una condena ni una atribución definitiva de responsabilidad penal.
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