Tras cuatro meses al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, el consejero de Sanidad, Javier Sánchez Martos, ha afirmado en el pleno de la Asamblea de Madrid que se están llevando a cabo las revisiones de las plantillas orgánicas del personal estatutario y laboral, así como la adecuación de los recursos humanos a la población de la comunidad, como la aprobación de la OPE de 1.043 plazas. También ha adelantado que contará con la implantación de un procedimiento único de provisión de Jefaturas en todos sus centros sanitarios.
Así ha contestado a una pregunta formulada por el diputado Álvarez Cabo, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que ha reconocido el “cambio de talante” del actual equipo de Gobierno con respecto al diálogo con los interlocutores sanitarios.
Sin embargo le ha pedido que concrete el nuevo Plan de recursos humanos, consensuado con los sindicatos, así como elaborar las bases comunes para la selección y provisión de plazas, además del reconocimiento de la carrera profesional. Cuestiones que recogía una moción en el Parlamento de Sanidad que también fue apoyada por el PP.
Sánchez Martos ha afirmado que aún no han pasado la fecha prevista por la moción y que su equipo aún está en el plazo de los seis meses que se ha dado como fecha para plantear todas estas iniciativas. Ha recordado además la petición al Ministerio de Economía, Empleo y Hacienda para reconvertir a 1.248 eventuales en interinos.
También ha adelantado que se van a iniciar los trámites para la cesión de una parcela en Móstoles para construir un nuevo centro de salud por el enorme crecimiento de la población, un 110 por ciento en los últimos cuatro años.
La vuelta a las 35 horas
Ciudadanos ha planteado una pregunta sobre la posible vuelta a las 35 horas del personal funcionario, incluido el sanitario, al consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno, Ángel Garrido. Su respuesta ha sido que el actual Ejecutivo regional se encuentra “abierto” a “cualquier mejora” de los trabajadores de la Comunidad de Madrid, aunque siempre “dentro del marco de la legalidad”.
La diputada del Grupo Parlamentario de Podemos ha afirmado que los trabajadores siguen sin convenio desde 2007 y que desde el PP se votó que no a una resolución sobre la vuelta a las 35 horas.
Por su parte, Garrido ha asegurado su “máximo respeto a la legalidad y responsabilidad” y a “no comprometer el crecimiento y la creación de empleo”. Ha recordado los casos de Castilla-La Mancha y País Vasco, comunidades para las que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional dichas medidas.
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