Madrid planea 'esquivar' la Ley de Gestión Pública por no ser retroactiva

La aprobación de la Ley de Gestión Pública por parte del Consejo de Ministros ha despertado un debate en el seno de las comunidades autónomas sobre cómo deberán adaptarse a los nuevos límites que plantea el Ministerio de Sanidad para recurrir a los servicios privados. La Comunidad de Madrid, una de las grandes interpeladas en esta cuestión, ha puesto en duda que el proyecto estrella de Mónica García llegue a materializarse por la falta de apoyos políticos. Aunque, en todo caso, prevén que no tenga un gran impacto debido a que no afectará a los conciertos que ya están en vigor. “Es un nuevo fuego de artificio, porque la ley no permite la retroactividad en los modelos concesionales”, han apuntado fuentes de la Consejería de Sanidad a Redacción Médica.

El texto de la norma, al que ha accedido en exclusiva este periódico, ha incluido de hecho algunas modificaciones en su fase final de la tramitación para asegurar que no se pueda aplicar con carácter retroactivo. Si antes el borrador del anteproyecto solo especificaba que no afectaría a los expedientes de “conciertos, concesiones, contratos y otras fórmulas de colaboración” que se hubieran iniciado antes de su entrada en vigor, ahora se ha añadido que la norma tampoco se aplicará a los conciertos y concesiones ya en “ejecución”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cuestionado además que el “espíritu” de la ley sea “luchar” contra el actual modelo de colaboración público-privada de la región. Una realidad que el propio Gobierno ha manifestado en público con el objetivo de vigilar las concesiones públicas tanto a Quirón como a Ribera Salud. “Esta es otra de las muestras de la obsesión compulsiva que tiene la ministra García contra la Comunidad de Madrid”, han apuntado desde Sol.

Ante este nuevo escenario, desde la Comunidad de Madrid han recordado que el Gobierno también es responsable de dirigir la sanidad en Ceuta y Melilla a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) que, a su juicio, practica “externalizaciones masivas” al sector privado. “Son las únicas plazas que gestiona y que por su manifiesta incapacidad está siendo necesario concertar determinados servicios para que los ciudadanos puedan acceder a los servicios sanitarios”, han apostillado.

La aritmética parlamentaria de la Ley de Gestión Pública

Tras su aprobación en Consejo de Ministros, la norma ahora debe pasar por el Congreso de los Diputados, donde la fragilidad en los apoyos de los socios del gobierno anticipa una gran dificultad para alcanzar la mayoría suficiente. Ante los previsibles rechazos de la bancada de la derecha, el Gobierno debería convencer a Junts para que voten a favor de la ley. Sin embargo, la formación independentista ya ha advertido sobre el impacto que podría tener en Cataluña, una comunidad con una fuerte presencia de conciertos sanitarios de entidades sin ánimo de lucro.

Esta debilidad es la que hace pensar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que la Ley de Gestión Pública jamás llegará a entrar en vigor. “Mónica García tendrá que lidiar con sus socios catalanes en lo que es un ataque directo a la sanidad catalana. Sabe que esta ley no saldrá. Sencillamente necesita generarse foco una ministra superada y absolutamente amortizada”, han apuntado.

Desde el Ministerio de Sanidad ya han advertido en varias ocasiones que el diseño de la ley no afectará al modelo de la sanidad catalana. Han logrado los apoyos de la propia Generalitat, y se han reunido en varias ocasiones con Junts para tratar de limar asperezas, pero el horizonte en el Congreso se antoja complicado. Además, siguen en el aire los votos de otras formaciones clave como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que está estudiando su postura.

La última modificación de la ley iba dirigida precisamente a garantizarse esos apoyos. No solo se garantizó que no habría carácter retroactivo sobre los conciertos, también se modificaron aspectos clave como la figura de los “órganos colegiados” que analizarán todos los casos o se introdujo como uno de los indicadores a tener en cuenta el “impacto en salud”.