La
Comunidad de Madrid ha iniciado este lunes la formación de más de
200 profesionales sanitarios y sociosanitarios de los centros de salud sobre el protocolo que refuerza la protección de los menores desde la Atención Primaria y que empezó a funcionar en febrero. La consejera de Sanidad,
Fátima Matute, ha inaugurado este encuentro, que se celebra en el
Hospital Universitario Niño Jesús de la capital, que proporciona un enfoque multidisciplinar sobre este asunto e integra la visión desde todos los ámbitos implicados.
Entre los ponentes figuran jueces, juristas y expertos en
Salud Pública, así como referentes en
Pediatría Social y trabajadores sociales del ámbito hospitalario y
Atención Primaria, junto a profesionales del área de protección de la infancia de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
El objetivo de este foro es sensibilizar sobre la importancia de la detección y
comunicación de los casos de sospecha de violencia hacia la infancia y adolescencia desde el primer nivel asistencial y concienciar al personal sanitario sobre este asunto como un aspecto clave en su día a día.
"Es algo en lo que están interesadas otras comunidades autónomas. Nosotros vamos a ser el referente porque no nos conformamos y nada es suficiente para proteger a nuestros niños.
De niños sanos, habrá adultos sanos. Es una prioridad para la Comunidad de Madrid", ha explicado Matute.
Protocolo de violencia infantil del Sermas
El
protocolo de notificación de sospecha de maltrato ha sido elaborado por un grupo de profesionales de distintas categorías de Atención Primaria y hospitalaria, dando respuesta a las necesidades que se plantean de forma cotidiana en las consultas. Pretende mejorar y facilitar la
detección temprana de posibles casos en todas sus manifestaciones, así como agilizar la comunicación y coordinación entre las administraciones involucradas.
Este documento incorpora
indicadores actualizados que facilitan la notificación de forma oficial de la sospecha de que un paciente pediátrico se enfrenta a situaciones que, en algunos casos, están tipificadas como delitos. Se incluye vi
olencia física, emocional, sexual o a través de redes sociales, pero también negligencia en los cuidados, sumisión química, abuso de nuevas tecnologías o
pertenencia a bandas delictivas, entre muchos otros puntos.
Estas vivencias a edades tempranas tienen un impacto sobre los menores y generan
trastornos del comportamiento, adicciones o problemas de salud mental. Además, las consecuencias pueden perdurar en su etapa adulta a todos los niveles, no solo a nivel personal, sino también laboral. Como contrapartida, las experiencias positivas en esta etapa de la vida, como notar el respaldo de los profesionales sanitarios, ayudan a paliar este impacto.
La sanidad, ante la violencia infantil
Los nuevos partes de notificación pueden ser cumplimentados por trabajadores de cualquier categoría sociosanitaria en Atención Primaria:
médicos de familia, pediatras, profesionales de Enfermería, dentistas e higienistas dentales, matronas, fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales. Para ellos, dar cuenta de estas sospechas constituye una obligación ética y legal.
El documento contempla desd
e casos leves a sospechas de maltrato grave y sitúa como coordinador de la atención al trabajador social del centro de salud. Por su accesibilidad y cercanía con el paciente pediátrico y sus familias, Atención Primaria constituye un nivel sanitario clave en la detección de estas situaciones de riesgo, que pueden condicionar el futuro de la población infantil afectada.
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