Madrid debate la incorporación de nutricionistas en Atención Primaria

La Asamblea de Madrid debatirá próximamente la proposición No de Ley (PNL) presentada por el diputado de Más Madrid, Jorge Moruno, en la que se insta al Gobierno regional a incorporar la figura del dietista nutricionista en la Atención Primaria con la finalidad de llegar a un profesional por cada 25.000 tarjetas sanitarias, el equivalente a una Zona Básica de salud.

En el texto de la PNL, Más Madrid sostiene que la mala alimentación mata más que el tabaco, según The Lancet, y recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. En este sentido, el partido que lidera Mónica García recuerda que España ya es el segundo país de Europa donde más crece la obesidad, algo que ha disparado las enfermedades derivadas como las cardiovasculares, tumores o diabetes tipo 2. En la Comunidad de Madrid, según datos de la Consejería de Sanidad, 1 de cada 3 niños sufre de sobrepeso u obesidad, una realidad  que aumenta cuanto más desciende la renta. 

El documento expone que la mala alimentación, con la mortalidad y enfermedades asociadas, también depende de la clase social, pues a medida que desciende la renta aumenta la obesidad y al revés, la obesidad desciende cuando la aumenta la renta: los pobres se alimentan peor porque viven peor. “Suele repetirse que España cuenta con una de las mayores esperanzas de vida, lo cual es cierto, pero, más allá de la cantidad de años que se vive, se habla poco de la calidad de vida, de cómo se viven esos años. Alta esperanza de vida, pero mala calidad de vida a partir de los 65 años, tal y como muestra el Sistema europeo de información sobre salud y esperanza de vida”.

La PNL también achaca a la renta los problemas relacionados con la obesidad, y para ello hace referencia a datos del estudio Aladino del año 2019 sobre la Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España, que revela que el 23,2 por ciento de los niños de familias con rentas inferiores a 18.000 euros brutos anuales sufre obesidad, mientras esa cifra cae al 11,9 por ciento en el caso de familias con rentas superiores a 30.000 euros. Desde Más Madrid entiende que “una de las causas de esta disparidad se debe a que los niños y niñas de familias con rentas bajas tienen peores hábitos alimentarios y acuden con más frecuencia a locales de comida rápida, comen menos fruta, pero más golosinas y bollería industrial”. Por contra, “los menores de familias con rentas superiores a 30.000 euros y con estudios universitarios siguen más la dieta mediterránea, consumen más frutas, verduras, legumbres y pescado”.

España ya es el segundo país de Europa donde más crece la obesidad

A juicio del partido, las instituciones “tienen la obligación de velar por la salud pública y garantizar un entorno no obesogénico, esto es, un entorno que no esté plagado de estímulos que incitan al consumo de productos que provocan obesidad”. Un reciente estudio elaborado por varias universidades, entre ellas la Universidad de Alcalá, demuestra que los escolares en los barrios desfavorecidos de Madrid cuentan con un 62 por ciento más de tiendas al lado del centro educativo que venden bollería industrial y bebidas azucaradas en comparación con los barrios medios, una diferencia que se agrava todavía más con los barrios altos, en los que hay un 41 por ciento menos de tiendas que en los barrios medios.

Por este y otros motivos, Más Madrid considera que la efectividad del tratamiento dietético-nutricional aumenta cuando es llevado a cabo por un profesional sanitario experto en consejo dietético, logrando mejores objetivos clínicos, calidad y esperanza de vida. Por eso, “la incorporación de la figura del dietista-nutricionista en la atención primaria es algo prioritario, pero también es necesaria una estrategia integral que abarque el conjunto de realidades: desincentivar fiscalmente la alimentación no saludable e incentivar fiscalmente los locales y la alimentación saludable, promover la compra pública de alimentos de proximidad para proveer a hospitales y colegios, regular el contenido de las máquinas de vending en hospitales y centros de trabajo, incorporar la prescripción médica de la actividad física, reformular los criterios publicitarios destinados al público infantil, o diseñar una zonificación de locales que evite que en la ciudad de Madrid el 95 por ciento de los escolares tengan establecimientos de comida no saludable cerca de los centros educativos, son algunas de las líneas de intervención y regulación en materia de alimentación saludable”.

De lo que se trata es de decidir “quién es más apropiado para educar en hábitos alimentarios, si profesionales sanitarios especialistas en la materia o empresas privadas que venden productos de baja calidad alimenticia”. Para la formación se trata de ofrecer un mayor número de herramientas, información y posibilidades a la ciudadanía para que amplíe y enriquezca sus opciones a la hora de elegir, así como garantizar que no existe discriminación entre la población madrileña, entre quienes pueden pagarse una consulta privada y quienes no pueden hacerlo. “Garantizar la libertad para todas las personas a la hora de acceder a un tratamiento dietético”, zanja.