El
Gobierno regional ha aprobado este martes, en su reunión del
Consejo de Gobierno, el proyecto de
Ley de Salud Pública de la Comunidad, que busca reforzar "las actuaciones para proteger la salud de los madrileños" y que
tendrá ahora que recibir ahora el visto bueno de la Asamblea de Madrid.
Se ha dado luz verde a este proyecto una vez concluida su
tramitación como anteproyecto, que incluyó, entre otros, concluir los trámites de información pública y el traslado del texto a más de una treintena de organizaciones vinculadas a la normativa para recabar su opinión, según ha desgranado el
vicepresidente regional, Pedro Rollán, en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Justicia.
Rollán ha hecho hincapié en que la futura Ley de Salud Pública, que desarrolla la normativa estatal, será la primera normativa de ámbito regional de estas características y ha remarcado que tiene por objetivo "proteger, mantener y elevar el nivel de salud de la población madrileña mediante actuaciones de vigilancia en la salud, de prevención de enfermedades, lesiones o discapacidades y de protección y promoción de la salud individual y colectiva".
Diseñada por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, regulará, entre otros aspectos,
la gratuidad de las vacunas, nuevas actuaciones en prevención, promoción y cuidado de la salud,
investigación en adicciones, abordaje de la salud laboral, ambiental y alimentaria, las coordinación con las unidades asistenciales, la participación ciudadana o la
gestión de las alertas de salud pública, entre otros temas.
Prevención del sobrepeso y del consumo de alcohol
La futura norma incorpora medidas de promoción de la salud orientadas a la prevención del sobrepeso,
a reducir el consumo de alcohol y a la promoción del agua como bebida preferente.
Como novedad se recoge la
obligatoriedad de la accesibilidad sensorial, como el sistema de
lectura Braille, ante la información ofrecida por los servicios públicos.
Por otro lado, se reconocerá a los
inspectores como agentes de la autoridad sanitaria y se regularán las medidas cautelares y gabinete de crisis para la rápida actuación y comunicación en caso de grave riesgo para la salud pública.
El proyecto de Ley incluye, además, una regulación específica de la
Evaluación del Impacto en Salud en determinadas situaciones como la aprobación de planes o actuaciones públicas, valoración de impacto en salud en proyectos públicos y privados y una declaración responsable para los operadores que desarrollen actividades en las que sea previsible gran afluencia de público.
De forma complementaria, se crea la
Comisión de Evaluación del Impacto en Salud para conseguir "ponderar el efecto en la salud de todas las políticas públicas establecido en la normativa básica".
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