El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha explicado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que los trabajos para asumir internamente la expedición de la tarjeta sanitaria están muy avanzados y estarán concluidos para el segundo semestre. De acuerdo con el responsable, el nuevo modelo ahorrará a la Comunidad de Madrid cerca de la mitad del coste.
Según ha explicado Sánchez Martos, “el importe será de 384.000 euros al año, frente a los cerca de 500.000 del concurso que se iba a publicar hasta 2018”. En total, el consejero ha hablado de un ahorro conjunto de 384.000 euros. Este ahorro no es la única novedad de la nueva tarjeta, ya que las 532.1000 tarjetas que se emitirán anualmente –según las estimaciones del consejero–, serán gratuitas e incorporarán un código QR para acceder al historial clínico.
Sánchez Martos ha precisado que, mientras se completa el proceso para poner en marcha la fabricación pública de la tarjeta, se ha negociado una prórroga con la adjudicataria del anterior contrato para que ésta se encargue de la expedición. Por otra parte, ha recordado que en la región de Madrid, “todos los ciudadanos tienen derecho a la asistencia sanitaria, tengan o no tarjeta sanitaria”.
Obras y mantenimiento
El consejero también ha adelantado, a preguntas del portavoz de Ciudadanos, Daniel Álvarez Cabo, los planes de su departamento en relación con las urgencias del Hospital de La Paz. “Estamos trabajando para ampliar el espacio de urgencias y mejorar la circulación y la asistencia de los pacientes”, ha explicado el consejero, quien ha explicado que habrá una zona de recepción de pacientes con boxes y que la reconversión del antiguo quirófano de traumatología permitirá ganar 12 camas y sillones. También se pondrán en marcha las llamadas zonas de ‘prealta’, que permitirán una mayor disponibilidad de camas.
Por otra parte, en respuesta a una pregunta de la portavoz de Podemos, Mónica García, Sánchez Martos ha señalado que la valoración de los servicios de limpieza y mantenimiento que “llevan décadas trabajando” es “razonablemente positiva, aunque mejorable” y ha destacado que la Consejería se mantiene vigilante para que se cumplan los pliegos. Así, ha explicado que en los últimos años se han puesto 37 penalizaciones a las adjudicatarias por un importe superior a los 400.000 euros.
García ha apoyado su crítica en un estudio científico que, según ha mantenido, relaciona la externalización de los servicios de limpieza con las infecciones nosocomiales y ha pedido que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, "dé marcha atrás" a la política de “obsolescencia programada” que, a su juicio, inició su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre. Sánchez Martos le ha pedido seriedad – “ese artículo científico no dice eso”, le ha reprochado–, y le ha recordado que hay en marcha un plan para mejorar el mantenimiento de las infraestructuras.
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