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La justicia exige cautelarmente a Madrid el registro de objetores al aborto
La Consejería de Sanidad ha señalado que recurrirá en reposición la medida
Tribunal Superior de Justicia.
09 mar 2026. 15.30H
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La Comunidad de Madrid deberá crear el registro de objetores de conciencia del aborto. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que ha instado al gobierno autonómico a iniciar de inmediato los trámites para su implantación, tras la presentación de un recurso contencioso-administrativo de parte del Ministerio de Sanidad por su negativa ante esta medida.
La información ha sido avanzada por el diario El País y confirmada posteriormente por la propia Consejería de Sanidad, que ha asegurado que recurrirá en reposición la cautelar, ya que la región "ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo". Ha destacado, además, que el TSJ "solo acepta la cautelar e insta a iniciar los trámites", más "no entra aún en el fondo del asunto".
Pese a este cuestionamiento, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado la decisión del tribunal como una "victoria judicial por el derecho al aborto". "La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública", ha escrito en su cuenta oficial de X (antes, Twitter), en donde también ha recordado que Madrid era "la única comunidad que se negaba, derivando el 99 por ciento a la privada". "Se acabó", ha sentenciado.
En octubre de 2025, García anunció la tramitación de un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, con base en el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023, sobre la obligación que tienen todas las comunidades de cumplir con el registro de objetores de conciencia, por la "obstaculización y "la rebelión" declarada a "la ley, a la democracia y a las mujeres".
Apenas un día después, el gobierno de Madrid -a cargo de Isabel Díaz Ayuso- señaló que había enviando dicho requerimiento a los Servicios Jurídicos, con la intención de ser analizado; y solo luego de unas semanas, la consejera de Sanidad madrileña aseguró que preferían que fuera un tribunal "el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie".
No fue hasta enero de este 2026 cuando Sanidad formalizó ante el Tribunal Superior de Justicia el recurso contencioso-administrativo contra la región por su negativa a crear el registro. En dicho documento, según informó Redacción Médica, el ministerio recuerda que el 16 de diciembre de 2024, el pleno del Consejo Interterritorial adoptó de manera "unánime" el protocolo para crear el registro, el cual "será de propiedad de los servicios de salud de cada comunidad autónoma e Ingesa", por lo que "no es un registro nacional".
En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra de Sanidad ha defendido que el aborto “es un derecho de las mujeres que tiene que ser accesible, sin obstáculos, sin estigmas y en la sanidad pública”.
En este sentido, ha deslizado que este registro “no es ninguna lista negra”, sino “una herramienta básica para poder organizar el sistema sanitario y garantizar un derecho reconocido por Ley que pueda ejercerse de verdad”.
La información ha sido avanzada por el diario El País y confirmada posteriormente por la propia Consejería de Sanidad, que ha asegurado que recurrirá en reposición la cautelar, ya que la región "ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo". Ha destacado, además, que el TSJ "solo acepta la cautelar e insta a iniciar los trámites", más "no entra aún en el fondo del asunto".
Pese a este cuestionamiento, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado la decisión del tribunal como una "victoria judicial por el derecho al aborto". "La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública", ha escrito en su cuenta oficial de X (antes, Twitter), en donde también ha recordado que Madrid era "la única comunidad que se negaba, derivando el 99 por ciento a la privada". "Se acabó", ha sentenciado.
Sanidad exige la creación del registro
En octubre de 2025, García anunció la tramitación de un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid, con base en el cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023, sobre la obligación que tienen todas las comunidades de cumplir con el registro de objetores de conciencia, por la "obstaculización y "la rebelión" declarada a "la ley, a la democracia y a las mujeres".
Apenas un día después, el gobierno de Madrid -a cargo de Isabel Díaz Ayuso- señaló que había enviando dicho requerimiento a los Servicios Jurídicos, con la intención de ser analizado; y solo luego de unas semanas, la consejera de Sanidad madrileña aseguró que preferían que fuera un tribunal "el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie".
No fue hasta enero de este 2026 cuando Sanidad formalizó ante el Tribunal Superior de Justicia el recurso contencioso-administrativo contra la región por su negativa a crear el registro. En dicho documento, según informó Redacción Médica, el ministerio recuerda que el 16 de diciembre de 2024, el pleno del Consejo Interterritorial adoptó de manera "unánime" el protocolo para crear el registro, el cual "será de propiedad de los servicios de salud de cada comunidad autónoma e Ingesa", por lo que "no es un registro nacional".
Sanidad niega "listas negras" por la Ley del Aborto
En declaraciones a los medios de comunicación, la ministra de Sanidad ha defendido que el aborto “es un derecho de las mujeres que tiene que ser accesible, sin obstáculos, sin estigmas y en la sanidad pública”.
En este sentido, ha deslizado que este registro “no es ninguna lista negra”, sino “una herramienta básica para poder organizar el sistema sanitario y garantizar un derecho reconocido por Ley que pueda ejercerse de verdad”.
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