El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, cree que, según un análisis de situación sobre los pacientes en los hospitales públicos, hay "más de 4.500 camas excedentarias" en agudos "a medio y largo plazo", y ha abogado por reconvertirlas en camas "sociosanitarias" para crónicos.
El titular de Sanidad respondía así a una pregunta del diputado de C's Daniel Álvarez Cabo, quien hacía referencia a las manifestaciones del coordinador de Asistencia Sanitaria del Sermas, quien en un reciente debate sobre gestión sanitaria manifestó que a Madrid “le sobran” 4.000 camas de agudos. “Además de defender una sanidad pública y gratuita, tenemos que hacer que sea eficaz, eficiente y sostenible, y eso incluye la optimización de recursos, y, en su caso, su reordenación", ha asegurado el consejero.
El consejero ha señalado que es necesario "potenciar" las camas de media y larga estancia, y para ello se está haciendo un análisis de la situación. En este sentido, ha explicado que el número total de camas de agudos en los hospitales públicos de la Comunidad asciende a 13.530, de las cuales 1.993 "no se utilizan por distintas razones".
Además, en 2015 las altas hospitalarias de pacientes con estancias de más de 20 días fueron 31.653, "de los cuales 28.398 fueron altas de hospitales de agudos". "Serían hipotéticos pacientes de media y larga estancia que, sin embargo, están ingresando en hospitales de agudos".
De todos ellos, ha seguido exponiendo, un 3 ó 4 % necesita recursos sociosanitarios y "en la mayoría de los casos son trasladados a residencias".
Y de los 27.400 pacientes restantes, un 75 % (unos 20.500) serían crónicos, según el consejero, que producen entre 922.500 y 1.025.000 estancias "evitables" en hospitales de agudos.
Todo ello supone, ha concluido, que hay "entre 2.500 y 2.800 camas de agudos que se deberían liberar progresivamente a través de una mejor gestión de camas", a las que habría que sumar las 1.993 que no se utilizan. "Por lo tanto, hay más de 4.500 camas excedentarias a futuro, a medio y largo plazo", ha subrayado.
Listas de espera
El tiempo medio de espera de los pacientes que aguardan para ser operados en Madrid cae por primera vez de los 70 días. Según ha detallado el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martes, en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves, este dato es actualmente de 69,21 días, frente a los 75 días que se esperaban en enero.
El consejero ha aprovechado su intervención en la cámara regional para adelantar los últimos datos de lista de espera que publica el Servicio Madrileño de Salud, correspondientes al mes de mayo. Según ha destacado, la demora de pacientes que están en la llamada lista de espera estructural (aquellos que aún no han sido derivados) es de “entre 44 y 45 días”. Se trata, ha dicho, “del mejor cifra de todas las comunidades autónomas”.
El número total de personas en lista de espera quirúrgica ronda las 78.000 personas, con una reducción de un 1,7 por ciento frente al mes de abril y muy por debajo de las 84.452 que esperaban en enero. Sánchez Martos también ha destacado la caída en el número de personas que están en espera porque han rechazado la derivación ofrecida (unos 19.000, frente a los 31.470 de enero) y ha destacado que el Sermas “no penaliza a estos pacientes”.
Asimismo, se ha referido a las derivaciones que se están haciendo a través de la privada. “Se están haciendo derivaciones clínicas a través de conciertos a razón de 100 al mes, cuando antes eran más de 1.000”, ha reseñado.
Comisión bilateral con Hacienda
Sánchez Martos también ha salido al paso de las acusaciones del diputado socialista José Manuel Freire, quien ha reprochado al consejero que la Comunidad de Madrid “se haya puesto de acuerdo con el Estado para recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) dos artículos de la Ley de medidas de acompañamiento que no les gustan”. Se refería este parlamentario a la norma que permire al personal laboral propio de las empresas de seis hospitales pudiera ejercer la posibilidad de integrarse como personal estatutario del Sermas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha expresado discrepancias sobre algunos de sus apartados que pueden traducirse en un recurso al TC.
Sánchez Martos, que ha afeado a freire su “falta de elegancia parlamentaria”, ha negado que exista tal “acuerdo” y ha dicho que lo que existe es la voluntad de la Comunidad de solventar estas “discrepancias” en la Comisión Bilateral y así “evitar problemas” en la aplicación de esta Ley impulsada por la Asamblea.
Sánchez Martos ha explicado que las “dudas” de Hacienda se limitan a los artículos referidos a la integración como estatutarios del personal de Fuenlabrada y Alcorcón, la Unidad Central Diagnóstica y el personal de informática. El consejero ha recordado que estos puntos “los sacó adelante la oposición”. “Les dijimos que podría ser inconstitucional”, ha apostillado, y se ha mostrado confiado en aclararlo en la comisión bilateral.
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