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Investigan si Sellés prevaricó por disolver la Junta Electoral de Icomen
La acusación fue presentada por Tomás Merina e incluye a los seis miembros de la Junta Directiva
Manuel Martinez-Sellés, presidente en funciones del Icomem.
15 ene 2026. 12.10H
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Un nuevo capítulo se desprende de la situación que atraviesa el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), tras cumplirse un año desde que se anulara la candidatura de Tomás Merina y que originara incertidumbre en la institución. Esta vez, el Juzgado de Instrucción nº5 de Madrid ha admitido a trámite una denuncia por vía penal contra los seis miembros de la Junta Directiva en funciones, presidida por Manuel Martinez-Sellés, que incluye a Francisco Javier Martín Sánchez, José Antonio Valero-Sánchez-Concha, Rafael Carlos Ortega Gómez, María Esther Cordón Muro y Santiago Sevilla Alonso.
Según indica el documento, al que ha accedido Redacción Médica, el motivo es por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y se fundamenta en la notificación realizada a Merina de un Acuerdo de la Junta Directiva en funciones, de fecha 17 de marzo de 2025, en la que "se considera necesario dar por concluida la actividad de la Junta Electoral, suspendiendo la actividad de la misma hasta que, en su caso, proceda como consecuencia de la resolución administrativa o judicial".
Entre los argumentos, exponen que esta decisión "reviste una gravedad extraordinaria", al tratarse de un "acto arbitrario y dictado a sabiendas de su injusticia", que tenía como único objetivo "el de mantenerse en el poder, tras haber sido derrotada en las urnas (la candidatura de Martinez-Sellés), con la finalidad de dejar de ser un órgano 'en funciones', eliminando al órgano que garantizara la transición democrática".
Tal como lo explican, la actual Junta Directiva se encuentra 'en funciones' hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº18 de Madrid "se pronuncie sobre la toma de posesión de la candidatura vencedora en las últimas elecciones", lo que significa que su "legitimidad se encuentra agotada tras la expiración de su mandato". Así, considera que la Junta saliente "mantiene únicamente un carácter provisional y residual, limitado a asegurar la continuidad administrativa de la corporación hasta que la candidatura vencedora, debidamente proclamada, proceda a la toma de posesión de sus cargos".
La denuncia también expone que "ninguna norma" habilita a la Junta Directiva a "alterar o cesar" el mandato de la Junta Electoral, ya que "al estar en funciones, carece de competencias para adoptar acuerdos de alcance político, electoral o estructural", limitándola solo a funciones "conservadoras y de gestión ordinaria". En esta línea, considera que, con su cese, se despoja al proceso electoral "de su garante natural" y se invaden "funciones ajenas", asumiendo una posición "de control indebido".
Además, señala que, con esta decisión, la Junta Directiva se comporta como una ordinaria, "con plenas facultades, arrogándose competencias que solo corresponden a quienes gozan de legitimidad democrática derivada de la urnas", produciéndose la "usurpación institucional de primer orden".
El documento presentado por Tomás Merina contempla la vulneración de los Estatutos del Icomem, concretamente de los artículos 15.3 y 18.2. El primero de ellos establece que "el nombramiento de todos los miembros de la Junta Electoral permanecerá vigente hasta la finalización del proceso electoral convocado, mientras que el segundo señala que será la Junta Electoral la que "fijará el día de la toma de posesión de los miembros" de la nueva Junta Directiva.
Por último, indica que la Junta Directiva actual "no solo ha invadido competencias ajenas, sino que ha anulado al único órgano independiente que podía fiscalizar sus actos, convirtiéndose de facto en una Junta ordinaria con plenos poderes".
Según indica el documento, al que ha accedido Redacción Médica, el motivo es por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y se fundamenta en la notificación realizada a Merina de un Acuerdo de la Junta Directiva en funciones, de fecha 17 de marzo de 2025, en la que "se considera necesario dar por concluida la actividad de la Junta Electoral, suspendiendo la actividad de la misma hasta que, en su caso, proceda como consecuencia de la resolución administrativa o judicial".
Entre los argumentos, exponen que esta decisión "reviste una gravedad extraordinaria", al tratarse de un "acto arbitrario y dictado a sabiendas de su injusticia", que tenía como único objetivo "el de mantenerse en el poder, tras haber sido derrotada en las urnas (la candidatura de Martinez-Sellés), con la finalidad de dejar de ser un órgano 'en funciones', eliminando al órgano que garantizara la transición democrática".
Tal como lo explican, la actual Junta Directiva se encuentra 'en funciones' hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº18 de Madrid "se pronuncie sobre la toma de posesión de la candidatura vencedora en las últimas elecciones", lo que significa que su "legitimidad se encuentra agotada tras la expiración de su mandato". Así, considera que la Junta saliente "mantiene únicamente un carácter provisional y residual, limitado a asegurar la continuidad administrativa de la corporación hasta que la candidatura vencedora, debidamente proclamada, proceda a la toma de posesión de sus cargos".
"Ninguna norma habilita" a cesar a la Junta Electoral
La denuncia también expone que "ninguna norma" habilita a la Junta Directiva a "alterar o cesar" el mandato de la Junta Electoral, ya que "al estar en funciones, carece de competencias para adoptar acuerdos de alcance político, electoral o estructural", limitándola solo a funciones "conservadoras y de gestión ordinaria". En esta línea, considera que, con su cese, se despoja al proceso electoral "de su garante natural" y se invaden "funciones ajenas", asumiendo una posición "de control indebido".
Además, señala que, con esta decisión, la Junta Directiva se comporta como una ordinaria, "con plenas facultades, arrogándose competencias que solo corresponden a quienes gozan de legitimidad democrática derivada de la urnas", produciéndose la "usurpación institucional de primer orden".
Vulneración de los estatutos del Icomem
El documento presentado por Tomás Merina contempla la vulneración de los Estatutos del Icomem, concretamente de los artículos 15.3 y 18.2. El primero de ellos establece que "el nombramiento de todos los miembros de la Junta Electoral permanecerá vigente hasta la finalización del proceso electoral convocado, mientras que el segundo señala que será la Junta Electoral la que "fijará el día de la toma de posesión de los miembros" de la nueva Junta Directiva.
Por último, indica que la Junta Directiva actual "no solo ha invadido competencias ajenas, sino que ha anulado al único órgano independiente que podía fiscalizar sus actos, convirtiéndose de facto en una Junta ordinaria con plenos poderes".
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