La
Fiscalía de Madrid ha archivado la investigación abierta a instancias de la Delegación de Gobierno en Madrid del
acto de clausura del hospital de Ifema al considerar que los hechos no entrañan responsabilidad penal, si bien plantea que se vaya a la vía administrativa al constituir
"más bien una infracción administrativa".
En el escrito se expone que los hecho
s "no constituyen infracción penal ya que no colman los elementos tipificadores de los posibles delitos contra la salud pública contemplados en el Código Penal".
Añade que "más bien, constituyen una infracción de carácter administrativo que deberá solventarse en su caso por la Delegación de Gobierno".
"El no guardar la distancia debida en reuniones o actos públicos autorizados o promovidos por autoridades, no tienen relevancia jurídico penal pues los posibles delitos como salud pública en los que se pudiera incurrir adolecen de los elementos tipificadores de aquellos siendo más bien infracciones de carácter administrativo ajenas a la infracción penal", señala el fiscal.
En consecuencia, la Fiscalía entiende que "procede en todo caso remitir el atestado a la Delegación de Gobierno a los efectos legales oportunos y
archivar las presentes Diligencias".
La Delegación de Gobierno es quien tiene que autorizar las concentraciones y, en su caso, velar por la seguridad. En el caso de que se incumpla alguna norma, les corresponde ir a la vía administrativa para una posible sanción.
El evento concentró a decenas de personas
La denuncia tiene su origen en el acto que celebró el pasado 1 de mayo la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en Ifema para clausurar el hospital que se habilitó para dar cobertura a los pacientes contagiados ante la saturación hospitalaria.
La clausura contó con representantes de todos los grupos parlamentarios y municipales, sindicatos, bomberos de la Comunidad de Madrid y efectivos de emergencias. Además
concentró a decenas de personas, entre ellos sanitarias que quisieron sumarse a la celebración por el cierre del hospital.
Tras ello, el delegado del Gobierno en Madrid,
José Manuel Franco, ordenó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abrir una investigación para determinar si se produjo vulnerado de algunas de las normas básicas, entre otras, las del distanciamiento social entre personas.
Tras las críticas, Ayuso defendió que el acto organizado por el Gobierno regional era
un "evento controlado en aforo" y criticó entonces que se usara el acto de "contrafoto" del 8M.
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