El
Consejo de Transparecia y Buen Gobierno ha dictado una resolución contra el
Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) en la que le insta a
facilitar, en el plazo de dos meses, la información contenida en aquellos contratos y convenios suscritos por el Colegio cuyo objeto esté vinculado con asesorías, eventos, informática, mantenimiento o gestión, servicios jurídicos y económicos, y aquellos otros que tengan
una cuantía de más de 50.000 euros en un año sujetos al Derecho Administrativo.
En la resolución, a la que ha tenido acceso
Redacción Médica, Transparencia da la razón a
Guillermo Sierra, el que fuera candidato a la presidencia del Icomem y ahora compromisario del mismo, que pidió amparo hace meses a este organismo al recibir supuestamente una negativa por parte del Colegio para hacer pública la citada información.
También pidió los convenios suscritos por el Icomem, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, las obligaciones económicas convenidas.
Además, en el documento se explica que el pasado 30 de julio de 2018 entró en el Consejo la reclamación de Sierra pidiendo amparo al no estar conforme éste con la respuesta del Icomem. A continuación, la
Oficina de Reclamaciones de las Administraciones Territoriales del Consejo trasladó el escrito de reclamación al Colegio, para que en el plazo de quince días hábiles "formulen
las alegaciones que estimen convenientes y aporten la documentación en la que se fundamenten las mismas".
El 23 de agosto de 2018 el Consejo recibió las alegaciones del Icomem, en las que puso de manifiesto que “se está procediendo a la elaboración de un censo con todos los contratos y convenios que el Colegio tiene suscritos”. “Una vez finalizado dicho censo se procederá a estudiar que contratos o convenios deben publicarse y en qué forma, toda vez que no todos los contratos y
convenios que tiene suscritos el Colegio deben publicarse, pues parte de los mismos corresponden a la gestión privada del Icomem”.
“Deberán circunscribirse a aquellos que se hayan suscrito para el ejercicio de las funciones públicas del Colegio, no afectando al resto de documentación que se refiere a la gestión privada del Colegio”, dicen las alegaciones. “En consecuencia, en base a lo anteriormente expuesto, el Colegio
no se opone a dar copia o hacer pública la información que solicita Sierra sino que necesita realizar un censo de los contratos y convenios suscritos por el Colegio; diferenciar aquellos contratos y convenios que se hayan suscrito para el ejercicio de sus funciones públicas de los suscritos para el ejercicio de las funciones privadas; e informar sobre la forma de publicar información ya que, en ocasiones, la documentación que solicita puede afectar a derechos de terceros”, son las alegaciones.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación de Sierra e insta al Colegio "a que en el plazo máximo de dos meses facilite la información contenida en aquellos
contratos, convenios, ayudas y subvenciones sujetos al Derecho Administrativo, así como que en el mismo plazo de tiempo traslade a este Consejo copia de la información solicitada que acredite el cumplimiento de esta resolución".
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