El sindicato médico madrileño
Amyts ha pedido garantías jurídicas para pacientes y profesionales ante la tramitación de la
Ley Orgánica de la eutanasia. “Garantía jurídica, desde luego y en primer lugar, para el paciente; en segundo lugar, para los profesionales que se vean implicados”, ha manifestado
Miguel Ángel García Pérez, doctor en Medicina, máster en Bioética y coordinador de Formación y Desarrollo Profesional del colectivo.
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La norma "debe tener seguridad jurídica tanto para pacientes como para profesionales"
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Amyts considera que la
norma, en el caso de desarrollarse, “debe tener suficiente
seguridad jurídica tanto para los pacientes como para los profesionales y que se garantice la objeción de conciencia”.
En este sentido, ha indicado que la norma debe garantizar la
objeción de conciencia para aquellos profesionales a los que esta práctica “les pueda suponer una crisis de identidad personal o profesional y que, por lo tanto, no se vean marginados”.
Por último, García Pérez ha hecho hincapié en que la ley “debería tener claro” la
“regulación protectora de ese derecho” y que es la “persona afectada la que solicita directamente, no a través de intermediarios, la finalización de su vida en una serie de circunstancias claramente definidas”.
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