Estados Unidos ha clavado su vista en la Comunidad de Madrid por el éxito de aplicación de los
protocolos para la atención a las víctimas de violencia sexual que la Consejería de Sanidad aprobó en el año 2022. El Consejo de Estado del país norteamericano ha publicado un informe sobre la situación de los derechos humanos en España, en el que se han detenido precisamente en esta iniciativa como un
ejemplo positivo desarrollado por las administraciones públicas en el último año.
El documento ha reconocido que este procedimiento autonómico ha permitido
“aumentar el acceso a la atención sanitaria” en el Sermas para las mujeres de más de 16 años de edad que han sobrevivido a una agresión sexual. Algo que también han hecho extensible a los servicios de asistencia judicial que han agilizado las vías para que las víctimas puedan presentar sus demandas ante los juzgados.
La Comunidad de Madrid anunció en 2022 este nuevo protocolo que permitía a
los profesionales sanitarios activar un código cuando
se detectara un caso de violencia sexual, ya fuera en los servicios de urgencias extrahospitalarios (Summa 112) o en los centros sanitarios acreditados. El nuevo método persigue
garantizar a las víctimas una atención integral, en la que se preserve su intimidad, cuidados y apoyo sicosocial.
Denuncias de violencia sexual desde el hospital
Una de las principales novedades es que el procedimiento para formalizar una denuncia se puede realizar a cabo directamente en el mismo centro sanitario para evitar que las mujeres afectadas deban personarse posteriormente en las dependencias policiales.
Es el propio hospital el que reemite al juez de guardia a situación.
En la primera fase del procedimiento, los médicos del hospital realizan la valoración de la víctima y remiten el
informe sanitario por vía telemática a los juzgados. Posteriormente, un forense, por orden del juez de guardia, acude al centro sanitario para continuar con la correspondiente
atención médico-legal.
El protocolo se ha hecho extensible a los
25 hospitales de la red pública madrileña que disponen de servicios de
Ginecología y Psiquiatría las 24 horas del día, así como a los profesionales del Summa 112 y del Samur que atienden las urgencias. Algo para lo que la Consejería de Sanidad ya desplegó un plan formativo dirigido a los sanitarios que intervienen en las diferentes fases de la atención.
El protocolo, que es el resultado del consenso con otras dos consejerías, ha tenido también el apoyo del
Ayuntamiento de Madrid, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía o el
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La valoración positiva del Consejo de Estado de Estados Unidos se suma a un análisis más extenso sobre los derechos humanos, en los que también se han tenido en cuenta otras iniciativas sanitarias. La ley que blinda el a
cceso de las personas con discapacidad a la salud, la norma que penaliza las discriminaciones en la asistencia a la población romaní o la
Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 son algunos de los aspectos positivos que incluye el informe.
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