Redacción. Madrid
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha autorizado en su reunión de este martes el contrato para el  servicio de trasporte urgente en ambulancia, tanto urbano como interurbano, para el traslado de pacientes con origen o destino en los  servicios de urgencia de los hospitales públicos de la región por un importe total de 82.860.480 euros entre este año y el año 2019.

Ángel Garrido, portavoz del Gobierno.

El contrato establece la obligación de que los tiempos promedio de respuesta desde que se solicita el traslado hasta la llegada de la ambulancia serán de 25 minutos en medio urbano  y  35 minutos en  medio  rural,  sin  que  pueda superar los 45 minutos en ningún caso.

Se entiende por trasporte sanitario urgente aquel que se realiza desde donde se encuentra  el  paciente  hasta  el  servicio  de urgencias  de  los  hospitales, y  que  no  necesita  asistencia  médica  durante  su traslado porque el paciente no presenta riesgo vital.

La  asistencia  y/o  traslado  en  casos  con  riesgo  vital  es  realizado  por  vehículos medicalizados con equipamiento avanzado:  UVI móviles,  y  Vehículos de Intervención Rápida (VIR), cuyos profesionales son personal del Summa 112, así como con helicópteros.

La empresa adjudicataria del contrato tendrá que disponer del personal necesario, formado para atender sus obligaciones, y mantener al que presta en la actualidad el servicio en este tipo de ambulancias. Deberá además contar con 96 vehículos para este trasporte sanitario urgente, cuatro más que en el contrato anterior.

Además del personal y los vehículos  el contrato estipula que son responsabilidad  de  la  empresa  adjudicataria  el  mantenimiento,  combustible, material  sanitario, oficinas, gastos   de administración o, por ejemplo, los vehículos de sustitución que sean precisos. En total, contarán con 20.715.120 euros para cada año del contrato, que dará comienzo en diciembre de este año.

21 millones para garantizar 343 plazas de adultos dependientes con discapacidad física

Por otro lado, el Gobierno regional ha aprobado  la celebración  de  cinco  contratos,  por  un  importe global de 21  millones  de  euros, para garantizar 343 plazas de personas adultas dependientes con discapacidad física, en residencias con centros de día de la región-