La demanda relacionada a la
ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en Atención Primaria en la Comunidad de Madrid ha llegado a su fin. Este jueves, los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad y la Consejería del ramo
han puesto fin a un proceso que ha durado más de un año y
han firmado un acuerdo para reforzar las medidas de seguridad en este ámbito asistencial.
El documento, al que ha accedido
Redacción Médica, establece cuatro fases para llevar a cabo cada uno de los planteamientos. La primera está marcada por la
entrega de documentación complementaria a la ya existente. Aquí la Administración se compromete a poner en disposición de la representación legal de los trabajadores "toda la documentación que permita acceder a la información"
relacionada a riesgos para la seguridad y la salud, así como aquella que da cuenta de las medidas y actividades de protección y prevención aplicables. Se deberá incluir el análisis de riesgos laborales de la totalidad de los centros, la relación de los puestos de trabajo y las fichas de riesgos psicosociales documentadas a la fecha.
En una segunda fase se establece el periodo de
análisis y presentación de propuestas de la representación legal de los trabajadores. Para ello contarán con un plazo máximo de
60 días naturales en el que deberán presentar a la Administración "un documento único y consolidado con sus alegaciones y propuestas de
modificación, adición o supresión sobre el conjunto de la documentación de partida".
Negociación de las propuestas
La fase tres está relacionada al proceso de negociación y consolidación del texto, para lo cual se determina que en un máximo de
90 días naturales se procederá a la
consulta y participación, y en donde ambas partes se comprometen a mantener las reuniones de negociación que sean necesarias para analizar las propuestas y alcanzar un texto consensuado.
Precisamente en este punto, se hace hincapié en que la planificación contará con la identificación del responsable de la ejecución de cada una de las medidas, el
coste económico, los recursos humanos y
los plazos para el desarrollo de las mismas.
Por último, en la cuarta fase se contempla que la Administración, en un
plazo máximo de 15 días hábiles, incorpore los acuerdos alcanzados a la documentación ya existente.
Con este acuerdo,
pendiente de ratificación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que lo dote de eficacia jurídica, se pone un punto final a una demanda sindical que han calificado de histórica en materia de Prevención de Riesgos Laborales y que buscaba
defender a más de 15.000 profesionales del Sermas.
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