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El Sermas alcanza un preacuerdo con los sindicatos por el plan de riesgos
Se incorporarán medidas que supongan una mejora del actual plan, según ha indicado la Consejería de Sanidad
Consejería de Sanidad de Madrid.
02 feb 2026. 17.30H
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La Comunidad de Madrid ha alcanzado un preacuerdo con las organizaciones sindicales de la región, relacionado a la demanda de conflicto colectivo presentada contra la Consejería de Sanidad, por la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en Atención Primaria. Esta fue anunciada en noviembre de 2024 y, tras un año en un proceso de mediación a través del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), se ha llegado a un consenso.
Así lo ha confirmado la Consejería de Sanidad del gobierno autonómico a Redacción Médica, luego que el último jueves sostuviera una reunión con los sindicatos y acordaran ultimar detalles. "Este preacuerdo contempla distintas fases, entre las que se encuentra un periodo de participación de dichas entidades que permitan incorporar medidas que supongan una mejora al vigente Plan de Prevención de riesgos laborales en Atención Primaria", ha indicado en un breve pronunciamiento.
Fuentes sindicales señalaron a este periódico que se han fijado unas bases de reconocimiento por ambas partes "de lo que hay y de lo que no hay". Ese preacuerdo deberá ser ratificado por los órganos competentes. Con esta decisión, estas mismas fuentes han subrayado que se pone fin al conflicto colectivo sin la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia valore ni la demanda ni los argumentos de la Comunidad.
En noviembre de 2024, los sindicatos Amyts, SAE, SIETeSS CAM, Comisiones Obreras (CCOO), Satse, CSIT Unión Profesional, UGT, CSIF y APSeMueve anunciaron la presentación de una demanda de conflicto colectivo contra la Consejería por "exponer a sus profesionales de Atención Primaria a gravísimos riesgos laborales"; aunque desde la Administración defendieron que cuentan con una estrategia de acción preventiva frente a situaciones de riesgo psicosocial desde el año 2019.
Esta medida buscaba defender a más de 15.000 profesionales y preservar su seguridad y salud en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Además, la demanda también sustentaba que -según los sindicatos- la región incumplía en Primaria una ley que desde 1995 obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para los sanitarios. Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad respondieron destacando las principales medidas que contemplan como la habilitación de una aplicación informática donde todos los responsables van incluyendo tiempos e indicadores de las 197 acciones proyectadas.
Pese a los encuentros entre la viceconsejería de Sanidad y los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo, esto no fue posible. Fue el Tribunal Superior de Justicia el que determinó que sea el IRSST quien sirva de mediador entre la Administración y las organizaciones.
Así lo ha confirmado la Consejería de Sanidad del gobierno autonómico a Redacción Médica, luego que el último jueves sostuviera una reunión con los sindicatos y acordaran ultimar detalles. "Este preacuerdo contempla distintas fases, entre las que se encuentra un periodo de participación de dichas entidades que permitan incorporar medidas que supongan una mejora al vigente Plan de Prevención de riesgos laborales en Atención Primaria", ha indicado en un breve pronunciamiento.
Fuentes sindicales señalaron a este periódico que se han fijado unas bases de reconocimiento por ambas partes "de lo que hay y de lo que no hay". Ese preacuerdo deberá ser ratificado por los órganos competentes. Con esta decisión, estas mismas fuentes han subrayado que se pone fin al conflicto colectivo sin la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia valore ni la demanda ni los argumentos de la Comunidad.
Antecedentes de la demanda
En noviembre de 2024, los sindicatos Amyts, SAE, SIETeSS CAM, Comisiones Obreras (CCOO), Satse, CSIT Unión Profesional, UGT, CSIF y APSeMueve anunciaron la presentación de una demanda de conflicto colectivo contra la Consejería por "exponer a sus profesionales de Atención Primaria a gravísimos riesgos laborales"; aunque desde la Administración defendieron que cuentan con una estrategia de acción preventiva frente a situaciones de riesgo psicosocial desde el año 2019.
Esta medida buscaba defender a más de 15.000 profesionales y preservar su seguridad y salud en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas). Además, la demanda también sustentaba que -según los sindicatos- la región incumplía en Primaria una ley que desde 1995 obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para los sanitarios. Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad respondieron destacando las principales medidas que contemplan como la habilitación de una aplicación informática donde todos los responsables van incluyendo tiempos e indicadores de las 197 acciones proyectadas.
Pese a los encuentros entre la viceconsejería de Sanidad y los sindicatos para intentar llegar a un acuerdo, esto no fue posible. Fue el Tribunal Superior de Justicia el que determinó que sea el IRSST quien sirva de mediador entre la Administración y las organizaciones.
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