DOCUMENTO | La reforma de la Comisión de Precios que Madrid pide a Darias

Un nuevo modelo de financiación de medicamentos para España. Este es el anhelo de la Comunidad de Madrid para agilizar la incorporación de nuevos fármacos al conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con este objetivo en mente, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha enviado a una carta a la ministra Carolina Darias, y a la que ha tenido acceso Redacción Médica, en la que plantea una propuesta de cambios en el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM).

La propuesta de la Comunidad de Madrid consta de “dos abordajes”, según la citada misiva. El primero de ellos está relacionado con la modificación de la composición de la CIPM, y otro relacionado con la “operativa de reuniones y transparencia del proceso”.

Respecto al primer abordaje, la Consejería de Sanidad reclama una modificación del reglamento de la CIPM que permita incorporar a las sesiones, con voz, pero sin voto, a un representante de la Abogacía del Estado “para dar soporte y respaldo jurídico en determinadas cuestiones”. También pide la presencia de un experto en bioética como asesor en la toma de decisiones sobre medicamentos “de alto impacto económico y mucha incertidumbre clínica y financiera”.

También considera adecuado la presencia de algún representante de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y permitir que los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas estén acompañados por un asesor técnico o por su propio suplente.

En la segunda parte de la batería de propuestas, la Comunidad de Madrid reclama una serie de modificaciones de la operativa para “generar agilidad en la toma de decisiones”, así como “confianza y trasparencia” para los pacientes y el sector farmacéutico. Así, propone que, al menos, en los expedientes que van “a decisión de la CIPM”, y en medicamento de alto impacto social y económico, “se podría invitar a un representante de la empresa para que realice una breve exposición”, con un tiempo limitado de 10 minutos y otro 15 para preguntas.

Esta exposición debería tener lugar el día antes a la reunión prevista por la CIPM, y a ella acudirán, por parte de las comunidades autónomas, “aquellos titulares, suplentes o técnicos en quienes se delegue de las comunidades autónomas”, así como los técnicos del Ministerio de Sandia encargados de evaluar el expediente del medicamento en cuestión.

Escudero: "Si estas medidas no acortasen significativamente los plazos, se podría analizar el modelo alemán"

En su carta, Enrique Ruiz Escudero entiende que esta exposición “disminuiría las solicitudes de reunión que cada empresa realiza previamente a cada una de las comunidades, reduciendo así el tiempo que cada comunidad dedica a este aspecto, y facilitando información homogénea para todos”, lo que, a su juicio, otorgar una mayor “transparencia” al proceso y se conseguiría “acotar significativamente los plazos”.

Por otro lado, se reclama “no admitir o incluir en el expediente documentación adicional en los 10 días previos a la celebración de la reunión”. En este sentido, la Comunidad de Madrid aboga por “establecer criterios homogéneos transparentes” en cuanto a la gestión de la incertidumbre en los medicamentos de alto impacto; así como a la “escala de precios máximos y a la revisión de precios al cabo del tiempo”. La carta pone como ejemplo el abordaje de datos mínimos de eficacia, criterios de acuerdos  de riesgo compartido o techos de gasto.

Madrid también considera interesante disponer de un Procedimiento Normalizado de Trabajo, que “indique que ítems se deben cumplir obligatoriamente para aceptar la financiación”, que podría ser condicionada por la obtención de resultados esperados “medidos al cabo de un año o de la duración del tratamiento”. Así, en el caso de no alcanzar los objetivos terapéuticos y de eficiencia esperada se podrían “eliminar el reembolso público”, semejante al modelo de financiación de otros países.

Asimismo, en la carta, Escudero reclama al Ministerio de Sanidad la puesta en marcha de “unos indicadores de proceso, resultado y de impacto económico anual esperado y real en el SNS de las decisiones que se toman en la CIPM”, de modo que se refleje en una memoria anual.

Por último, “si estas medidas no acortasen significativamente los plazos, se podría analizar el modelo alemán, pero esto comportaría una modificación de la legislación y un cambio sustantivo del modelo actual de fijación del precio” de los medicamentos.