Demanda sindical por riesgos en AP a pesar del "exhaustivo" plan de Sanidad

Los sindicatos de la sanidad pública de Madrid Amyts, SAE, SIETeSS CAM, Comisiones Obreras (CCOO), Satse, CSIT Unión Profesional, UGT, CSIF y APSeMueve han anunciado este jueves la presentación de una demanda de conflicto colectivo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la Consejería de Sanidad de la Comunidad por "exponer a sus profesionales de Atención Primaria a gravísimos riesgos laborales"; aunque desde la Administración defienden que cuentan con una estrategia de acción preventiva frente a situaciones de riesgo psicosocial desde el año 2019.

Con esta medida legal se busca defender a más de 15.000 profesionales y reclamar "la mayor indemnización económica pedida contra una Administración", según han detallado en una nota de prensa, por "no contar con un verdadero plan de prevención". "Nos hemos visto obligados a acudir a los tribunales para conseguir nuestro principal y único objetivo: preservar la seguridad y salud de todas las personas trabajadoras de Atención Primaria", han resaltado las organizaciones sindicales demandantes. 

Además, han explicado que -desde su punto de vista- Madrid incumple en Atención Primaria una ley que desde 1995 obliga a establecer un mapa de riesgos, una planificación preventiva y un plan de prevención de riesgos laborales para los sanitarios, por lo que denuncian "desde hace años" lo que esta desprotección ha provocado en la salud de los trabajadores, "conduciéndoles a padecer problemas de salud tanto físicos como mentales". 

De la misma forma, las agrupaciones han lamentado "la falta de actitud proactiva por parte de la Administración en la negociación", pese a los "esfuerzos e interés por alcanzar acuerdos"; por lo que la demanda es para "acabar con los aincumplimientos legales" que se presentan. 

Estrategia de acción preventiva

Sin embargo, la Consejería de Sanidad de Madrid ha respondido que las estrategias del plan fueron ampliamente desarrolladas y explicadas a los sindicatos el pasado mes de junio y fueron reiteradas en octubre. Aunque las acciones concretas a implantar se vieron frenadas por la pandemia en 2020, "se ha ido trabajando" y se continúa con una planificación "concreta y exhaustiva durante todo este periodo, ya que los planes se actualizan y enriquecen cuando es necesario hacerlo".

"Gracias a la planificación y al trabajo programado en materia de prevención de riesgos laborales y psicosociales, se ha logrado reducir en un 7 por ciento las agresiones a los profesionales en Atención Primaria en lo que llevamos de año y respecto a 2023", ha dicho la Consejería.

Entre las principales medidas que destacan está la habilitación de una aplicación informática donde "todos los responsables van incluyendo tiempos e indicadores de las 197 acciones proyectadas". Así, cada trimestre "se realiza una evaluación del grado de implantación (la primera en diciembre)". Otra es que para reforzar la tendencia a la baja, se ha puesto en marcha un programa para formar durante el mes de noviembre a 400 profesionales en el abordaje de conductas violentas que cuenta con la participación de expertos de la Policía Nacional.

La reducción de la carga laboral también está contemplada, por lo que el "descenso de un 40 por ciento de las vacantes de Medicina de Familia de enero a septiembre de este año", que coincide con medidas como incentivos económicos para cubrir puestos de difícil cobertura, tiene un impacto en la "aminoración de la presión asistencial". A esto se suma el incremento de la seguridad en los centros sanitarios con la instalación de cámaras de vigilancia y el refuerzo de control o seguridad, según han señalado. 

Por último, la Consejería ha defendido que en enero de este año se planteó a los sindicatos en el Comité de Seguridad y Salud a que realizaran aportaciones para enriquecer este plan, "pero no contribuyeron con propuesta alguna".