El
Juzgado de lo Social número 31 de Madrid ha dado a la
Consejería de Sanidad un plazo de
24 horas para dotar de material de protección a todos los centros de la red del
Servicio Madrileño de Salud al considerar que "las medidas preventivas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".
La
Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts) ha informado así de la admisión de las medidas cautelarísimas que solicitó contra la Consejería de Sanidad.
De este modo, insta a que en el término de 24 horas se provea a todos los centros de la red del
Servicio Madrileño de Salud, Hospitalarios, Asistenciales de Atención Primaria, SUMMA 112, SAR, centros con pacientes institucionalizados, así como todos los demás centros asistenciales de la Comunidad de Madrid, ya sean "públicos o privados, y cualesquiera otras dependencias habilitadas para uso sanitario, de batas impermeables, mascarillas
FPP2, FPP3, gafas de protección y contenedores de grandes residuos".
En la resolución, el juez recalca que "no cabe duda de que en el caso presente concurren los dos requisitos legales necesarios para entrar a conocer sobre
las medidas cautelarísimas solicitadas".
Situación de urgencia por el Covid-19
De una parte, según se esgrime, el "fumus boni iuris" se acredita de "modo suficiente porque las medidas preventivas requeridas son las necesarias para que los profesionales sanitarios puedan realizar su trabajo en las mínimas condiciones de seguridad".
Agrega además que "la
situación de urgencia se acredita por la pandemia derivada del virus Covid-19 que está sufriendo todo el país, y en concreto la Comunidad Autónoma de Madrid, y que requiere la actuación urgente de todo el profesional médico y sanitario posible para atender a los enfermos y evitar su mayor propagación".
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