Redacción. Madrid
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aunque dice que no quiere que se la inmiscuya en la campaña electoral del 20-D, lo cierto es que anda practicando la política-demagógica. Muestra de ello es el renuncio en el que ha caído esta semana, al anunciar a bombo y platillo su edil de Salud, Javier Barbero, la puesta en marcha de un programa denominado ‘Madrid, ciudad libre de exclusión sanitaria”, con el que pretenden “promover el ejercicio real de la universalidad en la sanidad pública”, en palabras del propio Barbero.
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Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid.
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Pero lo chocante del asunto es que este ejercicio real de universalidad ya está en marcha en Madrid capital y en toda la comunidad autónoma desde el pasado 21 de agosto, Según la orden firmada por el director general de Coordinación de Asistencia Sanitaria, César Pascual, bajo instrucción del consejero Jesús Sánchez Martos y de la propia presidenta regional, Cristina Cifuentes.
Este texto, dirigido a los directores de centros de salud de toda la Comunidad de Madrid, comunica de forma clara que “debe prestarse todo tipo de Asistencia Sanitaria recogida en la Cartera de Servicios del Sistema Nacional de Salud a todas las personas inmigrantes con o sin documentación, en tanto en cuanto no se realicen las instrucciones oportunas y se elabore el documento acreditativo que les dé derecho a la asistencia sanitaria”.
Ante esta situación, cabe preguntarse a qué viene la invasión de competencias del Ayuntamiento si esta orden lleva dada y ejecutada meses, y qué gasto extraordinario está generando a las arcas públicas un programa que en realidad lo que está haciendo es solapar una atención sanitaria que ya se está prestando.
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Orden enviada desde la Consejería de Sanidad a los centros de salud el pasado 21 de agosto de 2015.
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