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Ayuso pide una reforma legal para hacer test rápidos Covid-19 en farmacias

La presidenta reclama "una ley que nos permita llevarlos a todas las farmacias de la Comunidad de Madrid"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

08 oct 2020. 15.20H
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POR JESÚS MEDIAVILLA
Una reforma legal para hacer test rápidos Covid-19 en farmacias. Este es el deseo que ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este mismo jueves, cuando ha defendido "una ley que nos permita llevarlos -los test antígenos- a todas las farmacias de la Comunidad de Madrid". Precisamente, esta es una cuestión sobre la que se ha posicionado recientemente la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, Satse, que han mostrado su absoluto y contundente rechazo a que las pruebas de detección del coronavirus a personas que pudieran estar infectadas se realicen en las oficinas de farmacia privadas.

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Una actividad que deben realizar los enfermeros


Ante las peticiones realizadas públicamente desde alguna organización de los farmacéuticos de que se puedan realizar las pruebas de detección del coronavirus en las oficinas de farmacia privadas, la Mesa de la Profesión Enfermera subraya que se trata de una actividad sanitaria asistencial que deben realizar, "en todo caso, las enfermeras y enfermeros u otros profesionales sanitarios cualificado​s".

“Es un absoluto despropósito querer convertir las oficinas de farmacia, que no olvidemos que son un negocio privado, en centros sanitarios para realizar este tipo de pruebas, cuando estaríamos propiciando, además, la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de la Covid-19 entre la ciudadanía al incentivar el incremento sustancial de un número importante de personas en un mismo espacio que, generalmente, es cerrado y limitado en su estructura”, señalan desde la Mesa.

En este sentido, Satse y el Consejo General de Enfermería recalcan que la intención de los  farmacéuticos "va en contra de la política de seguridad y protección de la salud de los ciudadanos" que han implementado las autoridades sanitarias al fomentar la atención telefónica y no presencial en Atención Primaria para evitar así las aglomeraciones y afluencia de personas en los centros de salud y, de esta forma, minimizar los riesgos de contagio y propagación de la enfermedad.


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