La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que este mismo lunes
enviará a la Fiscalía toda la relación de documentos con respecto al contrato para la compra de mascarillas durante la primera ola y para cuya adjudicación habría participado su hermano.
"Lo que lamento es que con lo que bien que vamos en Madrid, qué pena tener que soportar esta situación. He de defenderme en la Fiscalía", ha asegurado en una comparecencia. "
Mi compromiso está y seguirá estando en Madrid. Estoy sufriendo un cruel ataque político en el que han intentado acusarme de corrupciones", ha insistido la presidenta madrileña.
Tal y como ha explicado, se trata de un contrato ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas, por la Intervención de la Comunidad de Madrid y que "es perfectamente legal". Y defiende que, a fin de cuentas, se trata de un contrato "que trajo material cuando no lo había y cuando los mercados estaban completamente desabastecidos en la primera etapa de la primera ola". Un desabastecimiento que afectó en las primeras instancias al Hospital de Emergencias de Ifema como en otros muchos sitios. Por eso, este contrato fue, entiende, una solución "cuando la compra centralizada del Gobierno fracasaba, cuando los sanitarios no tenían protección para trabajar y cuando no todas las empresas eran capaces de localizar material para traerlo".
Ayuso asegura que nadie de su Gobierno intervino en el contrato
"Un contrato del que tuve conocimiento un año y medio más tarde, nadie de mi Consejo de Gobierno, nadie intervino en la adjudicación del mismo", ha asegurado la presidenta, quien una vez enviada toda la documentación a la Fiscalía, se ha puesto a disposición de colaborar en todo lo posible para esclarecer los sucesos.
Además ha lamentado que esta situación no es nueva. "Ya han intentado dañar mi imagen ante distintas instancias en decenas de ocasiones, sin éxito por cierto, y asumirlo sin atender a mis obligaciones". La jefa del Ejecutivo madrileño también ha recalcado que, tal y como lo entiende, "lo peor del asunto es que si seguimos recurriendo a este tipo de prácticas, nadie con prestigio va a querer venir a trabajar a la política porque se destrozan familias sin pruebas y solamente con el mismo fin".
Un acontecimiento que puede tener como consecuencia, alerta, que las empresas no vayan a querer colaborar con las instituciones si su anonimato se pone en tela de juicio y se daña su reputación sin piedad. "Esto nos va a perjudicar a todos, pero especialmente a los ciudadanos".
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