Cristina Mouriño. Madrid
La presidenta del Colegio de Médicos de Madrid ha presentado un total de 39 enmiendas a la modificación estatutaria en la que se halla inmersa la corporación, una reforma con la que, según señala, “está de acuerdo, pero que en su opinión, no es ninguna prioridad para los colegiados”. Entre las enmiendas presentadas, se encuentra la dirigida a que las decisiones sobre contratación de nuevo personal y nuevos servicios, deban ser obligatoriamente sometidas a la decisión de la Asamblea de Compromisarios.
En una entrevista con Redacción Médica, Sonia López Arribas reconoce que “alguno de los redactores ha podido tener buena intención” pero considera que “quien está realmente detrás de que se proponga, a través de una comisión sin ninguna representatividad, reformar por completo los estatutos, no tiene nada que ver con los intereses de los colegiados, sino con una serie de intereses comerciales que quieren blindar su posición de privilegio en el colegio”.
Por este motivo, explica la presidenta, “no quieren esperar a que se renueve la Asamblea de Compromisarios, y por eso no quieren esperar, como sería lógico, a que se modifique la Ley de 1974 de Colegios Profesionales”. “Sin embargo”, ha apuntado, “a día de hoy, ninguno de los defensores de los nuevos estatutos ha sido capaz de presentar ningún servicio relevante para los colegiados que exija un cambio completo de estatutos”. “Eso no significa que todo sea perjudicial en ellos”, ha añadido.
A su juicio, “para que sirvan a los intereses de los colegiados, es necesario enmendar los artículos en los que se pretende eliminar los órganos de control del colegio que escapan al control de la Junta Directiva y limitar la participación democrática de los médicos en el colegio, y los que tienen por objeto reducir al presidente del colegio, aquel a cuya imagen realmente votan los colegiados en las elecciones, a una figura decorativa en manos de la Junta Directiva”.
Según ha explicado la presidenta, ha presentado la enmienda que propuso por carta abierta al resto de la colegiación sobre la intención de la reforma de reemplazar el capítulo de la nueva Asamblea General, que pretende suprimir a los compromisarios, por el de los estatutos aún en vigor que trata de la Asamblea de Compromisarios, la elección también democrática de los miembros de las Mesas de Atención Primaria y de Hospitales, y la elección de interventores voluntarios de las Asambleas.
A la elección democrática de esos órganos de control, la presidenta añade la propuesta de que la elección de los miembros de la Comisión de Recursos y de la nueva Comisión de Control de Cuentas, sea también democrática, en este caso mediante elección indirecta de los candidatos más votados en las elecciones, a semejanza de la elección actual de parte de los Compromisarios.
En su opinión, “los redactores de los nuevos Estatutos favorecen la elección de todos los órganos por sorteo, y además irrenunciable, para que el ‘bombo’ de 40.000 colegiados elimine la posibilidad de que los miembros de esos órganos sean médicos comprometidos y elegidos democráticamente, nombrando forzosos a otros en principio menos favorables a enfrentarse en solitario a la Junta Directiva contra cuyas decisiones se recurre a la Comisión de Recursos, y cuyas decisiones económicas supuestamente tiene que controlar la de Control de Cuentas”.
López Arribas propone añadir más incompatibilidades
En el capítulo de incompatibilidades, la presidenta no sólo deja las que proponen los nuevos Estatutos, sino que propone añadir algunas más, entre las que destacan las incompatibilidades de que un miembro de la Junta Directiva desempeñe cualquier trabajo remunerado para empresas de seguros, tenga alguna relación económica con empresas de servicios del colegio, o tenga algún pariente, hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, en la Comisión Deontológica o en la Comisión de Recursos del Colegio, esto último con referencia en la Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo Común.
Los nuevos estatutos “buscan convertir al presidente en una figura decorativa”
En cuanto a las funciones del presidente, López Arribas no propone ninguna nueva, sino únicamente que pueda realizar las que ahora tiene. En su opinión “practicando una política de tierra quemada dirigida inequívocamente contra ella como presidenta, los nuevos Estatutos pretenden dejar a una especie de presidente decorativo, absolutamente desprovisto de sus actuales funciones, o, en otros casos, que se pueda convenientemente desproveerle de ellas por parte de la Junta Directiva”.
Por último, destaca también la medida que propone para implantar un precepto extraído del anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, como es que los servicios de seguros y prestaciones sociales complementarias sean en todo caso considerados como servicios voluntarios, y no pueda obligarse al colegiado a sufragarlos, como hasta ahora.