La querella contra la Sanidad de la Comunidad de Madrid presentada por Ambulancias Alerta contra el exviceconsejero Manuel Molina y César Pascual, exdirector general de Coordinación para la Asistencia Sanitaria, además de Luis Javier Fernández, que era secretario general, y Santiago Cortés Sánchez, exdirector de gestión del Summa, por un presunto delito de prevaricación administrativa en el concurso de ambulancias del Summa, ha sido archivada por el juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.
En el auto, con fecha 16 de enero de 2019 y al que ha tenido acceso Redacción Médica, “se decreta el sobreseimiento provisional al amparo del artículo 641,1 LECrim y el consiguiente archivo de las presentes actuaciones”. Asimismo, contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación o recurso de apelación directo.
"No sólo no está en modo alguno acreditado que los querellados tuvieran alguna participación en el retraso en el pago o que promovieran dilaciones en modo alguno sino que además la situación de penuria económica se ve desmentida por las propias cuentas presentadas por Ambulancias Alerta donde se evidencia que venían financiando operaciones de terceros en dichas fecha", dice la resolución.
En la resolución, el instructor subraya que de las diligencias se concluye "de manera clara" esta empresa fue requerida para que presentara un plan de viabilidad tras ser propuesta como adjudicataria del servicio y nunca lo hizo. "Este plan no se presentó", ha dicho.
Hace un año, el juzgado admitió a trámite la querella presentada por una de las licitadoras al concurso para el traslado de pacientes en ambulancia, al entender que había presunta prevaricación en la actuación de la Consejería, que se decantó por otra empresa para este servicio.
El entonces viceconsejero de Sanidad, Manuel Molina, explicó en la Comisión de Vigilancia de la Contratación de la Asamblea de Madrid que el juzgado remitió a la Consejería un auto en el que informaba de que la querella interpuesta por Ambulancias Alerta se había admitido a trámite porque reunía los requisitos "formales" para ello, solicitando a su vez que se remitiera documentación sobre el proceso.
Recalcó que en ese auto no estaba determinada ni "la naturaliza ni la circunstancias de los hechos requeridos en la querella" e informa de que abre diligencias previas, algo que es el "procedimiento que se sigue habitualmente en estos casos". Al respecto, Sanidad remitió al juzgado los expedientes correspondientes del contrato para el traslado de pacientes urgentes y programado.
También relató que esta empresa, que anteriormente prestaba el servicio, presentó varios recursos contenciosos-administrativo con el objetivo de "paralizar" que se iniciara ese contrato al entender que presuntamente se incurría en un "ilícito penal", lo que a su juicio supone "prejudicializar" este proceso.
Al respecto, el viceconsejero argumentó que presentaron dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó dos solicitudes de nulidad del proceso de contratación y que tras esa negativa se interpuso la querella contra la Consejería.
En enero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, explicó que el servicio había sido adjudicado a la empresa Ferroser, en un proceso en el que también concurrió Ambulancias Alerta.
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