Redacción. Madrid
La Asamblea de Madrid ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se acuerda pedir a la Comunidad de Madrid que, “en menos de 30 días” tome medidas  para asegurar que los inmigrantes irregulares que residen en la región tengan acceso pleno a la atención sanitaria y farmacéutica del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Paloma Adrados, presidenta de la Asamblea de Madrid.

Se trata de una propuesta socialista, aprobada con los votos de PSOE y Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, en la que también se reclama al gobierno autonómico que garantice el derecho a la cobertura plena del Sistema Nacional de Salud (SNS) a los inmigrantes irregulares que viven en Madrid y que han perdido este derecho por estar en el paro o haber permanecido más de tres meses en el extranjero.

Además, quieren que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes pida al Gobierno de Mariano Rajoy legislar la cobertura sanitaria universal como derecho constitucional de ciudadanía y/o residencia, en igualdad de condiciones para todos.

El portavoz sanitario del Grupo Socialista, José Manuel Freire, ha criticado que Madrid tiene “mayor restricción de la cobertura sanitaria que ninguna otra comunidad autónoma a excepción de Castilla-La Mancha y Baleares” y ha defendido la necesidad de que los inmigrantes tengan tarjeta sanitaria.

Y es que, a su juicio, la no disponibilidad de tarjeta sanitaria es “un problema humanitario y sanitario”. “No es economía, es decencia, humanidad y valores”, ha sostenido Freire, quien ha afeado al PP la postura que ha mantenido al respecto. Por eso, ha pedido a los populares que revisen lo que se ha hecho a este respecto en otras comunidades y que vean lo que puede ser mejor para Madrid.

Desde Podemos, Mónica García ha defendido también esta PNL tras criticar que cuando se puso en marcha esta ley “se perdió el concepto de ciudadano” y se optó por el de “asegurado”, todo ello sin haber realizado un estudio previo de los resultados sanitarios y económicos.

“Si quieren legislar contra el turismo sanitario, háganlo pero no tiene nada que ver con esto", ha defendido la diputada, quien ha considerado que cuando se puso en marcha esta norma se hizo con un ‘diagnóstico ideológico, arbitrario’ y con “incompetencia”.

Por eso, ha pedido al PP que “estrenen la Dirección General Humanización de la asistencia”, y ha reclamado a la Comunidad que “use la política sanitaria para hacer salud y no política migratoria” y saque del “bolsillo” del que sacó el Metrobús tarjetas sanitarias para todos.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz en materia sanitaria, Daniel Álvarez Cabo, ha criticado la diferente aplicación de la ley por parte de las comunidades autónomas, de manera que se ha generado “inequidad” en el acceso a las prestaciones sanitarias.

“Muchas personas ven condicionado el acceso al sistema sanitario público en función del lugar donde residan”, ha denunciado el portavoz de la formación naranja, quien ha destacado que Ciudadanos está en contra de las diferencias territoriales.

Álvarez ha apuntado que debido a la “disparidad” existente, la solución no se debe abordar con una normativa autonómica más. Por ello, ha pedido a la Comunidad que en el Consejo Interterritorial de Salud pida al Gobierno central que elabore "pronto" una normativa consensuada que “sirva para evitar inequidades” y que establezca la cartera de servicios que se prestan con fondos públicos y los grupos que tienen derecho a ello.

La Ley General de Sanidad no cubría a quienes perdían el paro, según Fermosel

En contra de la PNL se ha manifestado el diputado popular Jesús Fermosel, quien ha señalado que “el derecho de reconocer la prestación sanitaria” lo establece la Seguridad Social y ha destacado que la “ley General de Sanidad no aseguraba la prestación sanitaria del Sistema Nacional de Salud a los parados que perdían el subsidio de desempleo”.

“No tenían derecho a sanidad y la Ley General de Sanidad tampoco contemplaba a esos emigrantes”, ha afirmado Fermosel, quien ha apuntado que la primera vez que se contempla a inmigrantes irregulares fue con una Ley de Extranjería del año 2000 durante el Gobierno de José María Aznar.

Sin embargo, ha afeado al PSOE estar hablando del “síntoma y no de la enfermedad” y se ha remontado a la situación económica que se encontró el PP a su llegada al Gobierno tras la salida de José Luis Rodríguez Zapatero.

“Los sentimientos cuando no son sentimientos personales sino colectivos y llevan implícito un gasto dependen del gasto”, ha afirmado para considerar que habría que preguntarse cuál es la cobertura sanitaria en sus países de origen.