El director general de Gestión Económica y Financiera de la Consejería de Sanidad, José Ramón Menéndez Aquino ha comparecido este martes en la Comisión de Sanidad para explicar el funcionamiento del canon de concesión-colaboración que el Gobierno regional abona a las adjudicatarias de la construcción y de la gestión de la infraestructura de seis hospitales madrileños.
La comparecencia se producía a petición de Podemos, cuya portavoz, Mónica García, ha considerado “opaco” el mecanismo y ha señalado que puede esconder sobrecostes. A sus recelos se han sumado los otros grupos de la oposición. José Manuel Freire, portavoz del PSOE, ha aludido al tiempo que lleva la oposición intentando encontrar alguna irregularidad en estos contratos. “Si no han sido capaces de encontrar la trampa en el canon en todo este tiempo, quizá es porque no la hay”, le ha respondido Menéndez Aquino.
El director económico-financiero ha defendido que el gobierno no oculta ningún dato y que el funcionamiento del canon es transparente y se ajusta a los requerimientos de la legislación estatal. “¿Cómo va a ser opaco si tienen ustedes toda la información?”, ha preguntado. Este canon se paga a las empresas responsables de los edificios de los hospitales del Sureste, del Tajo, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Infanta Sofía y Puerta de Hierro, y aúna el pago de las obras, concluidas entre 2007 y 2008, con los suministros y la gestión de los servicios no sanitarios que realizan las adjudicatarias.
Menéndez Aquino ha añadido que este modelo no solo no impone sobrecostes, sino que las “cápitas” de estos hospitales son en varios puntos más bajas que las de otros de gestión tradicional; un 20 por ciento en el caso del Infanta Leonor, un 30 por ciento en el caso del Sureste y un seis por ciento el Infanta Sofía, comparados con otros hospitales de su misma tipología.
En esta misma línea, la portavoz del PP en la Comisión de Sanidad, Regina Plañiol, ha destacado que este modelo de concesión administrativa, “no es un invento de la Comunidad de Madrid y se aplica en otros lugares con beneficios contrastados”. Entre ellos ha citado que permite a la Administración asumir la construcción de grandes infraestructuras y “traslada el riesgo a la iniciativa privada”.
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