Ha pasado más de un año desde que la
Asamblea de Madrid aprobase por unanimidad la
Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Buen Morir. Desde entonces, la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha llevado a cabo ciertas actuaciones para adaptarse a lo que la ley dicta, aunque tal como ha denunciado el
PSOE en sede parlamentaria, "
falta voluntad política para su aplicación".
El
consejero de Sanidad ha defendido el compromiso de su Gobierno con la implantación de esta norma. "
Son 5.356 los profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) que han acudido a
sesiones formativas sobre esta ley, con un total de
303 horas", ha asegurado.
Ruiz Escudero ha informado de que estas sesiones han sido incluídas en el
Plan de Formación Continuada y que han tenido lugar en
202 centros de la comunidad. Más allás de la formación, el consejero ha explicado que desde que la ley en vigor, la Comunidad de Madrid es la
tercera a nivel nacional que más
inscripciones para ayudas a la dependencia de personas en el proceso de morir.
Creación de órganos de control
El
parlamentario socialista, José Manuel Freire, ha criticado la escasa campaña informativa llevada a cabo por el Ejecutivo: "Hace pocos días acudí a un centro de Salud a formular las instrucciones previas y
no había ningún cartel informativo". Ruiz Escudero se ha mostrado en desacuerdo y ha explicado que es posible hacer el trámite de las instrucciones previas e
n todos los hospitales públicos de la región y en
73 centros de Salud.
Otra de las críticas que ha vertido el parlamentario socialista es acerca de la
lentitud con la que el Gobierno ha legislado para
constituir los órganos que deben velar por el cumplimiento de esta normativa. "Ha tenido que pasar un año para que decretasen
la orden para crear el órgano colegiado técnico encargado de supervisar los derechos de las personas en el proceso de morir", ha apuntado.
El consejero, sin embargo, ha apelado a
dificultades administrativas el retraso en su creación y ha anunciado que "
se está tramitando un Real Decreto que regule el resto de órganos que tienen que garantizar tales derechos. Entre ellos se encuentran el Comité de Ética Asistencial o la Comisión de Instrucciones Previas. Una sola norma regulará todos estos órganos".
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