El concurso público para la prestación del
transporte sanitario terrestre programado en la Comunidad de Madrid, actualmente pendiente de adjudicación, se ha elaborado “con consenso con los trabajadores y basándose en las necesidades de la ciudadanía”. Así lo ha defendido este martes el viceconsejero de Sanidad,
Manuel Molina, durante una comparecencia en la Comisión de contrataciones de la Asamblea de Madrid.
“Se ha favorecido la concurrencia y, por primera vez, se han presentado nueve empresas a este concurso”, ha explicado Molina. Al mismo tiempo
se han elaborado unos pliegos más exigentes para la adjudicataria. Entre otros aspectos, figura la obligación de que las
ambulancias sean nuevas y se exige que la adjudicataria aporte un “coordinador del servicio” para cada hospital de referencia. Este nuevo profesional tendrá su lugar de trabajo en cada uno de esos centros sanitarios.
El viceconsejero ha destacado que pese a que “los recursos a los pliegos son habituales en el sistema sanitario”, en este concurso no se ha interpuesto ninguno. Esto se debe, según el número dos de Sanidad, a las reuniones mantenidas con trabajadores y sindicatos. La duración de la adjudicación de este servicio es de 48 meses, que, con las prórrogas, pueden alargarse hasta cinco años y el presupuesto base de licitación es de algo más de 118 millones de euros.
El
precio medio del traslado del paciente se calcula en estos pliegos en 22,47 euros; aunque no se establece un “precio unitario”, según ha detallado Molina. De hecho, el concurso está dividido en cuatro lotes que “no son homogéneos” y tienen sus propias peculiaridades tanto en su población como en su infraestructura sanitaria de transporte. Siete empresas concursan en los pliegos 1,2 y 4 y cinco optan al 3.
El diputado socialista
José Ángel Gómez-Chamorro, quien había solicitado la comparecencia del consejero, ha “aplaudido” que haya “mejoras sustanciales” incluidas en los pliegos, pero ha echado de menos más control sobre las adjudicatarias y que no se acabe con las ambulancias colectivas en ciertos desplazamientos. Por su parte, el representante de Podemos
Hugo Martínez Abarca ha insistido en la idea de que este “servicio esencial” debería ser prestado de forma directa por la Consejería de Sanidad, mientras que la diputada de Ciudadanos,
Marta Marbán, ha expresado su temor sobre que los cálculos de tiempos de desplazamiento que figuran en los pliegos sean demasiado optimistas.
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