Javier Barbado / Imagen: Cristina Cebrián y Joana Huertas. Madrid
El inminente portavoz de Sanidad de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid critica la forma en que fueron jubilados los médicos de la comunidad autónoma, la libertad de elección de médico de Primaria con limitaciones en los avisos domiciliarios, la desigual derivación de enfermos a consultas de referencia, y el presupuesto asignado para la salud, bastante inferior al disponible hace cinco años a pesar de que el Partido Popular, en su opinión, pone a la comunidad autónoma como emblema de la recuperación económica en el país.

El responsable de sanidad de Ciudadanos, en el plató de Sanitaria 2000 durante la entrevista.

¿Qué opinión le merece Jesús Sánchez Martos, el nuevo consejero de Sanidad?

No lo conozco personalmente, pero me consta que atesora mucha experiencia en los medios de comunicación aparte de su actividad, desde hace años, en la Cátedra de Educación para la Salud de la Universidad Complutense.

Por las referencias que tengo, se trata de una persona dialogante y dispuesta a escuchar y sus primeras declaraciones apuntan en ese sentido. Espero que ésa sea su pauta de comportamiento en esta legislatura en la que, necesariamente, vamos a necesitar hacer acuerdos entre las cuatro formaciones políticas con representación en la Asamblea. Creo que debería iniciar conversaciones pronto con el resto de fuerzas políticas.

La presidenta Cifuentes ha anunciado una inyección de 30 millones de euros adicionales al presupuesto de la Atención Primaria. ¿Es suficiente para mejorarla?

Me gustaría precisar que esa suma de 30 millones de euros no aparecía como tal en el programa del Partido Popular, sino que es uno de los 76 puntos del pacto por el cual Ciudadanos ha facilitado la investidura de la presidenta. Nosotros éramos incluso más ambiciosos, hubiéramos preferido que rondara los 50 millones, pero es obvio que, en una negociación, el resultado final parte de la aproximación entre las posiciones de ambas partes.

De las nuevas contrataciones, ¿se refiere solo a médicos?

No. Deberíamos pensar en algunas categorías profesionales como los fisioterapeutas, presentes en la Atención Primaria pero no lo suficiente. E incluso en la incorporación de psicólogos. La crisis social y económica ha repercutido en las condiciones de vida de los ciudadanos, y, en este sentido, quizá uno de los primeros ítems de la factura farmacéutica del primer nivel asistencial resida en la prescripción de ansiolíticos (en los hospitales, dentro de la factura farmacéutica por dispensación de recetas, también son el primer capítulo asignado a los psiquiatras y a las estructuras de salud mental).

Los nombramientos a dedo no entran en los planes de Ciudadanos.

¿Van a suprimir la gestión privada de los hospitales públicos?

El modelo Alzira no va a extenderse más en la Comunidad de Madrid. Hay quien ha defendido, durante la campaña electoral, la reversión de la fórmula en los cuatro hospitales que la desarrollan ahora. Nosotros preferimos ser cautos: no avanzamos en la privatización y estudiamos, previo análisis de la seguridad jurídica y de la repercusión en el erario, la reversión del modelo Alzira de esos centros. Una vez lo propongamos en la Asamblea, puede que haya una modificación hacia una mayor concentración en manos públicas de los hospitales, pero está sujeto a un análisis de su impacto en el presupuesto.

¿Van a proponer la exclusividad del ejercicio de la Medicina en la sanidad pública a cambio de mejores sueldos?

El planteamiento de Albert Rivera en esa dirección está muy bien como desiderátum. Se pretende que el compromiso de los profesionales sea exclusivo con el sistema sanitario público ante la creencia, fundada, de que esa condición lo hará más eficiente.

Para nosotros, la exclusividad es algo a lo que debemos tender pero nunca imponer. Los profesionales sanitarios españoles reciben un salario muy inferior a la media europea; nuestra propuesta consiste en recuperar parte de ese poder adquisitivo ligando parte de la retribución a un variable en función de los resultados en salud: morbi-mortalidad, ingresos evitados…

¿Volverán con ustedes las peonadas para hacer horas extra?

Los hospitales públicos de Madrid en turnos de tarde, primera hora de la noche y fines de semana podrían funcionar de manera mucho más programada. Por eso, entre los 76 puntos del acuerdo, hay un compromiso del Gobierno de Cifuentes de aumentar la productividad en esos horarios con el fin de aliviar las listas de espera diagnóstica, quirúrgica y de consulta del especialista e ir reduciendo, al mismo tiempo, recurrir a los conciertos con las entidades privadas. Se pueden utilizar para ello dos fórmulas: incrementar las plantillas y también, por qué no, dando la oportunidad a los profesionales de hacer jornadas extraordinarias.

¿Cuál ha sido el problema de las peonadas?

Que, muchas veces, los mecanismos de control no eran suficientemente estrictos. Existía el riesgo de que las personas con capacidad de indicar cirugía, por ejemplo, se retroalimentaran. En las consultas diagnósticas y del especialista, como el profesional que demanda esa prestación difiere del que la resuelve, no existe ese riesgo.

¿Defienden el modelo estatutario para los sanitarios?

Es más: nuestra ideal sería la mayor estabilidad posible de empleo. La reducción de la tasa de reposición tras la jubilación de muchos profesionales, ha hecho que proliferen los contratos de eventuales, y hay una proporción de hasta el 30 por ciento de ellos en algunos centros. Nosotros defendemos que el profesional disponga de la condición de estatutario fijo habiéndolo conseguido por medio de concurso-oposición a partir de la igualdad de mérito y capacidad.

Álvarez Cabo critica la forma en que se ha jubilado a los médicos.

¿No ve suficiente la conversión de muchos médicos eventuales a interinos en los últimos meses?

Es un paso en la buena dirección, pero todavía sigue habiendo una importante tasa de eventualidad. Tampoco se contempla la movilidad, y pensamos que es un derecho de los profesionales trabajar en el centro que les interese más desde el punto de vista científico-técnico o personal. En el caso concreto de los médicos, los concursos de traslado deben ofertarse en mayor grado.

¿Van a cambiar el método para computar las listas de espera?

Sin duda. Está claro que ése es un aspecto concreto del pacto genérico que hemos firmado para la transparencia, información puntual y veraz a los ciudadanos. Es una de las líneas de trabajo respecto a las cuales, si el Partido Popular no la respeta, tendremos la obligación de incidir desde la oposición para que se modifique.

¿Ha funcionado la libre elección de médico, pediatra y enfermera?

La libre elección de médico y enfermero en Atención Primaria en todo el ámbito de la comunidad autónoma funciona bastante bien, aunque con alguna restricción, pues el médico de familia no está obligado a hacer los avisos domiciliarios en caso de que no coincide el empadronamiento del paciente con su posición geográfica.

¿Y la libre elección de especialista?

Nos parece bien, pero habría que hacer algunas consideraciones. Hay determinadas prestaciones como consultas monográficas en algunos hospitales, que se restringen a los pacientes de los médicos de familia de la zona de influencia a que pertenecen. Esto se traduce en desigualdades en la cartera de servicios amén de su influencia en las listas de espera.

Creemos que, en la libre elección, habría que haber reforzado el papel del médico de Atención Primaria como distribuidor de los pacientes. En nuestras conversaciones con las sociedades científicas éste era un asunto que salía a colación de forma constante.

El área única en lugar de las once preexistentes, ¿ha servido para reducir las listas de espera?

A veces no ha habido una transparencia sobre cuáles son los criterios por los cuales el call-center asigna una cita. Prefiero no pensar que ha sido un instrumento para redireccionar pacientes a centros de nueva apertura dotados con otras fórmulas de gestión y que tuvieran demanda en su arranque.

Daba la impresión de que la oferta que se hacía a los pacientes tenía, a veces, algún tipo de condicionante, o bien asignándoles los centros que estaban más próximos a sus domicilios sin ofrecer primeras consultas más alejadas pero a mucho más corto plazo. Nosotros insistiremos en la equidad de las prestaciones, el acceso a determinadas consultas de referencia y la información recibida en tiempo real, por parte del médico de familia, de las posibles derivaciones a especialistas más ajustadas a las necesidades del enfermo.

¿Hay dinero en la Consejería para lo que se proponen PP y Ciudadanos?

El presupuesto de sanidad de Madrid ronda los 7.300 millones de euros. Hace apenas cinco años se superaron los 8.400 millones, es decir, ha habido un recorte sustancial y, además, proporcionalmente mayor al sufrido por otras partidas distintas a la sanidad. El Gobierno autonómico siempre tiene a gala que Madrid crece más que la media nacional y eso, para nosotros, se tiene que traducir en mayores recursos.

El diputado de Ciudadanos explica su idea de la política farmacéutica.

¿Se va a crear una Dirección General de Salud Pública?

A pesar de nuestro compromiso de adelgazar la estructura administrativa, entendemos que se trata de una dirección clave, y más ante posibles situaciones epidemiológicas emergentes.

¿Van a permitir los nombramientos a dedo de los directivos de la salud?

Se nos ocurren diversas estrategias para evitarlo, una de las cuales consistiría en equiparar esas convocatorias a las que se hacen para las jefaturas de Servicio y de Sección: cuando se produce una vacante, se publica en el boletín autonómico y esa publicidad favorece una concurrencia donde a menudo se rompe con la endogamia y existe la oportunidad de incorporar a muy buenos profesionales a los centros.

A los médicos se los jubila a los 65 años salvo si se les concede prórroga revisable por año hasta los 70. ¿Le parece bien?

Como principio general está bien, tiene sus ventajas, pero se pueden formular muchísimas críticas a las formas y a los tiempos. La audiencia que se ha dado a los profesionales ha sido escasa. Hacían una memoria y recibían, casi en vísperas del día que les correspondía cumplir 65 años, una respuesta, favorable o no, muchas veces por parte del personal de recursos humanos.

Con independencia del resultado, los profesionales lo han vivido como una falta de consideración absoluta. Creemos que ha sido un error.

Álvarez Cabo será portavoz de Sanidad de Ciudadanos.

¿Aboga por una central nacional de compras para los medicamentos?

Defendemos una central de compras autonómica. Algunos aspectos, como las compras centralizas del Ministerio de Sanidad a las que se adhieren de forma voluntaria las comunidades autónomas, por ejemplo en materia de vacunas, nos parecen bastante adecuadas por dos razones: porque resulta eficiente en lo económico y porque garantiza la homogeneidad de los productos y servicios prestados.

¿Qué le parece el modelo de las subastas andaluzas?

Es diferente y se está revelando insatisfactorio por muchas cuestiones. Con cierta frecuencia, los proveedores designados no fabrican los productos en España. La industria farmacéutica forma parte importante de nuestro tejido productivo y la Administración debe favorecer la producción nacional, cosa que no está haciendo el modelo de las subastas andaluzas, por el cual, a menudo, los adjudicatarios ni siquiera se encentran en países de la Unión Europea.

Otro problema es que los suministradores carecen de la capacidad logística para garantizar un abastecimiento regular. Ha habido momentos de desabastecimiento y la comunidad andaluza ha tenido que recurrir a compañías que no figuraban como adjudicatarias y a las que han tenido que pagar precios superiores a los del concurso de licitación, de modo que el ahorro pretendido con este modelo no se ha conseguido plenamente.

¿Defiende el copago en el sector?

Su riesgo es que puede ser una barrera a la asistencia sanitaria y no lo queremos correr. Ahora mismo se centran, básicamente, en la prescripción por receta de farmacia. Se modificaron con el Real Decreto 16/2012. Nos parece importante que la actualización de los tramos de ciudadanos que pagan no se haga por año, pues hay muchos ciudadanos que pierden su trabajo en menos tiempo. Hay que subir los tramos con especial consideración al alza de pensionistas y trabajadores con niveles salariales más bajos.

¿Ampliarán en Madrid la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares?

Se trata de una reivindicación que compete al Estado. Nosotros defendemos que los inmigrantes sin una condición regular en España tengan pleno acceso a la Atención Primaria y a las urgencias, y aquellos colectivos en especial vulnerables, como niños y embarazadas, al sistema en su conjunto, así como las enfermedades que afecten a la salud pública con independencia de la condición de los inmigrantes indocumentados.

Vea la entrevista íntegra aquí. (Parte I), Entrevista completa aquí (Parte II).

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