El
Consello Galego de Colexios Médicos impugnará en los tribunales el
plan Xide (Xestión Integral da Demanda en Equipo), una iniciativa piloto puesta en marcha por la Xunta a fin de reducir las agendas de los facultativos y “optimizar la distribución” del trabajo. La organización de Eduardo Iglesias defiende por el contrario que este programa no solo “no resuelve los
problemas de saturación” en la Atención Primaria, sino que “supone un importante riesgo tanto para los pacientes como para el
personal no sanitario que los atenderá”.
A través de un comunicado, el Colegio de Médicos gallego ha informado de que en próximos días los abogados de la institución “interpondrán un
recurso contencioso-administrativo” para conseguir la anulación de este plan, que, según informó el Gobierno autonómico, permite al personal administrativo “orientar al paciente hacia el profesional que mejor puede resolver su demanda”.
En resumen, cuando un ciudadano contacta con el personal de Servicios Generales de un centro de salud demandando asistencia, este administrativo debe preguntarle por el motivo de su consulta. En base a la respuesta del usuario respuesta, y a través de un
algoritmo de inteligencia artificial, se propone una cita fijando una
prioridad en la atención y asignándole el médico o sanitario adecuado.
¿Un "triaje" en Atención Primaria?
En este escenario, el Consello Galego de Colexios Médicos advierte de que el Xide implica, en la práctica, “la aplicación de un
sistema de triaje en Atención Primaria” que se sirve de un algoritmo de inteligencia artificial “cuyos resultados no han sido testados y del que se desconoce su funcionamiento”. “Atribuye al personal de Servicios Generales —que
no son profesionales sanitarios— funciones de evaluación de riegos o síntomas que no les corresponden y que no deben realizar en ningún caso”, denuncia.
“Lo que debería ser un acto médico se decidirá entre una persona que no es sanitaria y una
aplicación informática desconocida. Por otro lado, con este sistema no se respeta la intimidad de los pacientes”, subraya el Consejo, que incide en que el personal de Servicios Generales “tendrá que preguntar datos sensibles relacionados con la salud en áreas administrativas que no están preparadas para ello”.
Finalmente, la organización médica denuncia la “opacidad” de la Conselleria “en la implementación del programa”. “No ha dictado ninguna instrucción, circular o disposición al respecto”, concluye.
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