La Comisión Europea ha rechazado la denuncia de la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (Agdsp), vinculada a los movimientos conocidos como 'marea blanca', contra el contrato del nuevo hospital de Vigo, el Álvaro Cunqueiro. La institución europea considera que no existen pruebas suficientes para considerar ilegal el contrato de concesión de obra sanitaria. La resolución ya está en manos de la asociación, que ha decidido recurrir.
La denuncia se basaba en tres motivos. El primero era los recortes en el proyecto del hospital. Según la Agdsp el plan para el nuevo hospital incluía menos camas, menos quirófanos y la eliminación del laboratorio central, la asociación consideraba que el objetivo era abaratar los costes para que la rentabilidad de la concesionaria fuese mayor. En segundo lugar, la denuncia recogía que no existía una transferencia del riesgo de la financiación y construcción de la obra. La asociación considera que la Xunta de Galicia consiguió los fondos del Banco Europeo de Inversiones y de la banca privada, y entonces no se transfirió el riesgo.
Agdsp también denunciaba que la Xunta utilizó la forma de concesión de obra pública para poder evitar un informe del Ministerio de Hacienda. La asociación considera que la opción, en este caso, debería haber sido un contrato de colaboración público-privado. Además, agdsp añade que el objetivo del gobierno autonómico era saltarse el pacto de estabilidad que impide que los gobiernos se endeuden.
Europa no ve suficientes pruebas
Entre los anexos que se entregaron a la Comisión Europea, se incluía un informe elaborado por personal técnico de la Dirección de Recursos Económicos del Sergas, cuando las obras estaban en proceso. Tal documento recogía los supuestos recortes y la reducción de calidades del proyecto del hospital. Sin embargo, no contenía la firma original, motivo por el cuál la Comisión Europea lo ha rechazado.
El recurso ante la institución Europea vino después de que el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia tampoco les diera la razón. Cuando se admitió a trámite en noviembre de 2015, la asociación lo celebró pensando que estaban un paso más cerca de invalidar el contrato.
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