La ley gallega contra las agresiones a sanitarios supera su primer bache

Ya queda menos para que los sanitarios gallegos estén más protegidos legalmente ante agresiones. Y es que la Comisión de Sanidade del Parlamento de la región ha aprobado el dictamen a la vista del Informe de la Ponencia sobre el Proyecto de ley de modificación de la Ley 8/2008, del 10 de julio, de salud de Galicia, por la que se establecen medidas de prevención y protección integral contra la violencia en el Sistema de salud de Galicia.

A favor han votado el Partido Popular y el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG), con 11 'síes', mientras que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el diputado de Democracia Ourensana se han abstenido. El texto, que ya había pasado por el Consello de Gobierno tras ser diseñado por la Consellería de Sanidade de Antonio Gómez Caamaño, tiene un objetivo claro: proteger a los profesionales que forman parte de la sanidad gallega. 

Unión PP-PSdeG para proteger a los sanitarios gallegos

Durante la Comisión, se han votado las enmiendas de los Grupos Parlamentarios. La Cámara ha aprobado ocho enmiendas (1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10) -aunque con algunos cambios- de las 11 presentadas por el PSdeG, con votos a favor de PP y socialistas. Por otro lado, solo una del BNG ha tenido éxito de las 21 puestas encima de la mesa por los nacionalistas.

Entre las aportaciones defendidas por Elena Espinosa, portavoz sanitaria del PSdeG, se encuentran la inclusión de la violencia psíquica en el texto y determinados ajustes técnicos relativos a la evaluación de la norma y a la exposición de motivos de la misma. La enmienda nacionalista aprobada, por su parte, hace hincapié en una puntualización en el apartado quince del artículo único.

De esta forma, la iniciativa de la Xunta de Galicia supera su primer bache, ya que todavía debe pasar por el Parlamento de Galicia y recibir el 'sí de los Grupos Parlamentarios. La mayoría de los populares en la Cámara indica que la norma seguirá adelante, aunque queda esperar a si se negocia alguna reforma más.

Definir la violencia en el ámbito sanitario con "claridad"

Según ha explicado en la Comisión la diputada del PP, Encarnación Amigo, esta modificación "define con claridad qué es la violencia en el ámbito sanitario". "Hoy las agresiones también son grabaciones sin consentimiento o acoso digital, eso también es violencia, y lo contempla esta ley", ha añadido.

Además, ha explicado que gracias al texto se "amplía la protección a todo el personal del ámbito sanitario, no solo al estrictamente asistencial": "Todos merecen el mismo respeto". Sumado a ello, "establece una tipificación clara de las sanciones (leves, graves o muy graves) e individualiza conductas para que sean firmes".

Asimismo, "introduce la obligación de reponer los gastos causados tanto de mobiliario como al profesional". También "se crea el 'Plan galego de prevención contra a Violencia no ámbito sanitario', un plan de evaluación de riesgos, formación obligatoria, protocolos de actuación y comunicación social".

Por otro lado, "se crea el registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario y se garantiza el asesoramiento jurídico a las víctimas a través de la Xunta de Galicia". En materia de formación, "se incorpora la relativa a agresiones como mérito en la carrera de profesional".

Apoyo de la Comisión de Sanidade

Un conjunto de mejoras que han convencido a los socialistas. "Los socialistas no nos negamos ante esta iniciativa", anunciaba al principio de su intervención Espinosa.

Aun así, ha denunciado que la mayor parte de las agresiones a sanitarios se producen por "el déficit de médicos, la saturación asistencial y el colapso del sistema sanitario". "Tanto la Xunta como nosotros sabemos que el problema es la impotencia de los pacientes en la atención sanitaria, y hoy daremos un paso más para proteger a los profesionales", ha apuntado.

La más crítica con la norma ha sido Montserrat Prado, portavoz sanitaria del BNG. "Esta modificación solo aborda la sanción y hace un abordaje del problema desde el punto de vista único de los profesionales", ha señalado. 

Tal y como ha trasladado a los diputados de la Cámara, "en el articulado no hay ninguna referencia al fondo del problema de por qué aumenta la violencia en el ámbito sanitario". "De todas formas, estamos a favor de que se proteja a los profesionales y de que se le den instrumentos para desarrollar su actividad profesional en las mejores condiciones", ha añadido para justificar su abstención.