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Galicia también excluyó a Acciona de su concurso de oxigenoterapia

La empresa no demostró solvencia económica ni capacidad técnica y profesional

Imagen corporativa de Acciona.

12 mar 2018. 10.40H
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POR REDACCIÓN
No es la primera vez que Acciona sale mal parada al participar en un concurso público de terapias respiratorias domiciliarias (TRD). El 15 de septiembre de 2017, la gerencia del Servicio Gallego de Salud (Sergas) excluyó a Acciona Healthcare Services de un procedimiento por el que se convocaba un concurso público para la gestión de estas terapias.

En el periodo abierto para que las empresas interesadas presentaran la documentación exigida, el expediente administrativo al que ha podido acceder Redacción Médica detalla que la presentada por la citada corporación “no acreditaba solvencia económica y financiera, ni capacidad técnica y profesional”.

Tras el malogrado intento, la Mesa de contratación abrió un plazo para subsanar la situación que se extendía hasta el 13 de septiembre de 2017. Sin embargo, Acciona fue incapaz de demostrar sus credenciales en esta segunda oportunidad, incumpliendo el plazo citado, que se sumaba a la constatada falta de solvencia anteriormente citada.

Como ha informado Redacción Médica, esta misma empresa fue excluida este lunes del concurso público de terapias respiratorias domiciliarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) al no acreditar solvencia económica financiera, ni técnica o profesional, además de no contar con la habilitación exigida de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). Una situación en la que también se ha visto Ferrovial, excluida por el Sescam por compartir con Acciona las dos últimas carencias citadas.

Ambas empresas se encuentran además a la espera de saber si se hacen con la gestión de las TRD de la Región de Murcia. Una circunstancia que, dada su falta de experiencia en el sector y ante la infrafinanciación del concurso del Servicio Murciano de Salud (SMS), ha puesto en alerta a pacientes y médicos, que temen una notable reducción de la calidad de un servicio sanitario que necesitan 40.000 murcianos.

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