La inserción laboral de las personas con algún tipo de discapacidad en el ámbito laboral es uno de los retos de estas últimas décadas. De manera progresiva, las personas con diversidad funcional comienzan a formar parte del personal de las administraciones públicas y con ello, se abre a la puerta a la normalización e integración social de este colectivo. En Galicia, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) cuenta en plantilla con más de 1.600 profesionales con diversidad funcional. Un dato que traslada un mensaje positivo de cara al futuro.
Según datos de la Xunta obtenidos por el diario regional El Correo Gallego, en las consejerías de Educación, Sanidad y Justicia trabajan actualmente unas 3.113 personas con algún tipo de minusvalía, lo que supone un 3,5 por ciento del total de su plantilla. Así, el Sergas se encuentra a la cabeza ya que en su cuadro de personal se encuentran 1.613 profesionales con diversidad funcional, un 4,26 por ciento del total de trabajadores del Servicio Gallego de Salud.
De esta manera, y según datos de la Consejería de Sanidad del primer semestre de 2016, la Sanidad gallega se encuentra 0,8 puntos por encima de la media de toda la Administración autonómica. Liderando este ámbito frente a otras Consejerías como Función Pública, Educación o Justicia, donde se aglutina el grueso restante de 1.500 personas (un 2,73 por ciento), de un total de 55.000 trabajadores.
Igualdad
El esfuerzo de la Xunta en implementar medidas que fomenten la integración sociolaboral de las personas con diversidad funcional es toda una realidad. Como señalan los departamentos autonómicos, durante los últimos años han trabajado "para facilitar la inserción laboral efectiva de este colectivo en la función pública gallega”.
La normativa vigente establece que las administraciones públicas deberán reservar a personas con un grado de discapacidad superior o igual al 33 por ciento "un siete por ciento de las plazas de las convocatorias de empleo público". Aunque este punto no sería obligatorio si se supera el dos por ciento, como ocurre en la actualidad. Sin embargo, como apuntan desde Hacienda y Sanidad, el Gobierno gallego matiene firme su compromiso.
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