El Colegio de Pontevedra pide la retirada de los Estatutos de la OMC

El Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra ha solicitado la retirada del borrador del proyecto de Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial y que “se acometa una nueva redacción más simplificada" y de acuerdo con la normativa recientemente publicada a nivel nacional y autonómico. Al mismo tiempo, reclaman posponer el debate del texto hasta que “vea la luz la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales”, cuya tramitación fue suspendida por el Gobierno. En este sentido, esperan que dicha norma sirva de base jurídica para el articulado del texto.

La institución gallega alega que el Estatuto General “solo debe admitir provisiones no vinculantes que no rebasen la recomendación y no instituyan órganos más allá de la independencia colegial”. En este sentido, aseguran, el texto tampoco debe entrar a regular el régimen económico de cada colegio. Este punto coincide con el reciente dictamen del Consejo de Estado, un controvertido punto en el que la Asamblea General se atribuye la potestad para fijar la cuota colegial, algo que para el órgano consultivo no es conforme a Derecho, ya que "la determinación de la cuota colegial pertenece al ámbito financiero de cada colegio”.

Uno de los aspectos que, a juicio del Colegio de Pontevedra, debería ampliarse es el capítulo dedicado a los fines de los colegios, añadiendo “colaborar con los poderes públicos para la efectividad del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos bajo criterios de excelencia en la calidad prestada con adecuación de recursos y la más eficiente, justa y equitativa regulación de la asistencia sanitaria y del ejercicio de la Medicina".

Asimismo, desde el Colegio reclaman, en referencia a los Consejos Autonómicos, que falta especificar dentro de sus competencias sus relaciones con los gobiernos autonómicos. Algo que consideran "de gran importancia dada la realidad social del Estado y que la mayor parte de las competencias sanitarias están transferidas."

Sobre la colegiación, el borrador establece su obligatoriedad, pero “obvia toda la legislación autonómica al respecto” y, defienden, en lo referente a la pérdida de su condición debería contemplarse que la expulsión en virtud de sanción disciplinaria firme que se añada "sin prejuicio de la vía judicial".

Quiere también esta institución que no se obligue a los colegios a expedir los certificados y recetas médicas y que simplemente “contribuyan “ a distribuirlos. Por último, entienden que la adapatación de los estatutos de los colegios a los generales no debe conllevar plazos “al ser potestad de estas instituciones organizarse normativamente”.