La Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 ha defendido que la contratación del servicio de transporte sanitario urgente terrestre, convocado en 2014, se realizó “de conformidad” con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Lo ha manifestado después de trascender que un juzgado compostelano ha abierto una investigación en relación con este concurso. Además, el técnico responsable de Transporte del 061 ha declarado como investigado y hay sospechas de prevaricación e incluso de que exista un supuesto caso de información privilegiada.
La entidad pública ha defendido el concurso y, como argumento, ha razonado que las resoluciones a 11 recursos presentados ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc) de Madrid (en relación con la contratación del servicio de transporte) han sido “favorables” a la Fundación.
“El Tacrc confirmó que se garantizaban los principios de igualdad, libre concurrencia y no discriminación en base a los requerimientos exigidos en los pliegos”, han esgrimido fuentes del 061.
“No hay resolución judicial alguna”
Respecto al procedimiento judicial activado “contra un trabajador de la Fundación”, han declarado que se trata de un proceso que, ahora mismo, se encuentra “en fase de diligencias previas”.
Preguntada acerca de si el trabajador que ha declarado en calidad de investigado sigue en su puesto, la Fundación ha incidido en que, por el momento, no se ha acordado por parte de la autoridad judicial “resolución alguna, ni cautelar ni definitiva, que motive la separación del servicio del trabajador”.
Por último, ha destacado que la Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 está “a total disposición de colaborar con las autoridades judiciales en todo lo que se le requiera”.
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