Vergeles: "La universalidad convierte la protección de la salud en derecho"

La vuelta a las 35 horas en sanidad, la universalidad, la OPE autonómica y nacional o el copago de medicamentos han sido algunos de los temas sobre los que José María Vergeles, consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, ha dado su opinión en esta entrevista concedida a Redacción Médica. También ha tenido palabras para la ministra Carmen Montón, a la que le pide diálogo y consenso en sus decisiones al frente de la sanidad española. 

Extremadura ha dado un paso importante para recuperar las 35 horas en sanidad, pero aún queda saber qué hacer con esas dos horas y media restantes que estipula la normativa. ¿Cuál es la propuesta de la consejería en este sentido?

Es un acuerdo de flexibilización. No se puede hablar de 35 horas de jornada como tal, sino de 35 horas de jornada presencial, porque las comunidades autónomas no tenemos las competencias sobre la jornada. Estamos reclamándolo y después de la publicación de la Ley de Presupuestos suponemos que nos será concedida la competencia en esta materia.

El consejero reflexiona sobre las 35 horas en sanidad, el copago de medicamentos, la sanidad universal y la tutorización del MIR.

A día de hoy son 35 horas presenciales, pero ¿qué ocurre en ese resto de horas en las que los profesionales no están de presencia en nuestros centros? Pues la vamos a aprovechar para formación de nuestros profesionales porque eso redundará en una mejor atención a la población extremeña.

En segundo lugar, lo vamos a utilizar para todo lo que tiene que ver con la elaboración de protocolos de atención a determinadas enfermedades y a determinados problemas de salud que se nos presentan con frecuencia en la clínica.

En tercer lugar, la seguridad del paciente, es decir, todo lo que tiene que ver con la formación en higiene y con ese tipo de cuestiones. Y por último, a proyectos que puedan ser interesantes desde el punto de vista de la participación ciudadana y que incidan sobre la atención sanitaria en nuestra región.

Esos van a ser los grandes cometidos que van a ocupar ese resto de dos horas y media entre las 35 horas presenciales y las 37,5 que son las que establece en este momento la jornada de trabajo.

¿Cree que el papel de Hacienda es esencial en este tema?

El papel de Hacienda, si nos estamos refiriendo a Hacienda de comunidad autónoma, ha sido decisivo por cuanto aglutina las competencias en administración pública y, por lo tanto, es quien debe fijar en el seno de la mesa general de los empleados públicos todo lo que tiene que ver con la jornada laboral. Ahora es una cuestión de negociarla en el seno de nuestra mesa sectorial.

Si estamos hablando de Hacienda del Gobierno de España, entonces ahí tenemos algunas cuestiones sobre las que reflexionar. La primera es que creemos que no se puede vincular el tener la competencia en materia de jornada a los resultados económicos de la comunidad autónoma porque eso es un error, va a haber profesionales de primera y profesionales de segunda en función de la comunidad autónoma en la que pertenezca.

En segundo lugar, no se pueden vincular la competencia en materia de jornada a lo que son los grandes objetivos macroeconómicos que controla el Ministerio de Hacienda con respecto a las comunidades autónomas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a periodo medio de pago a proveedores, a objetivos de déficit, a reglas de gastos y a objetivos de deuda.

Por lo tanto, yo creo que hay que hacer reflexionar al Ministerio de Hacienda que tiene que desvincular esta situación de la situación de cumplimiento en los objetivos que marca la Unión Europea.

¿Tiene constancia de que Hacienda vaya a hacer algún movimiento para recuperar las 35 horas?

Vergeles explica que la vuelta a las 35 horas en Extremadura es un acuerdo de flexibilización.

Nosotros lo estamos intentando, de hecho no es una competencia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, es de la consejera de Hacienda y Administración Pública y vicepresidenta del gobierno de la Junta de Extremadura, el solicitar al Gobierno de España la competencia en esta materia. Supongo que en esa misiva que le mande la consejera de Hacienda a la ministra de Hacienda irá en el sentido en el que estoy diciendo.

A nosotros es lo que nos gustaría y es lo que le reclamamos al Gobierno de España, lo que le hemos reclamado antes y lo que le reclamaremos de aquí en adelante, no por el cambio del signo político vamos a dejar de reclamar eso que nos parece de justicia para los trabajadores y trabajadoras de nuestra tierra.

Desde su punto de vista, ¿la vuelta a las 35 horas debería ser un tema prioritario para el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez?

A mí me parece que sí, me parece que hemos ganado poco en el sector sanitario con las 37,5 horas semanales, además yo creo que los profesionales se han organizado de una determinada manera que desde el punto de vista asistencial las horas efectivas de trabajo se circunscriben a esas 35 horas, y en el caso concreto de Extremadura se negoció, por parte del Gobierno anterior al nuestro, una jornada de 37 horas y media que era, por decirlo de alguna manera eufemística sui géneris, porque se estaba utilizando una resolución muy antigua de jornada, de cuando estaba vigente Insalud, con lo cual no creo que se tuviesen todos los elementos sobre la mesa en el momento en el que se negocia en la mesa sectorial de Sanidad y no creo que se le explique bien cuál es la jornada completa.

No obstante, sí hago una apreciación con respecto a esta cuestión. Yo creo que en el mundo sanitario vive mejor el que se tenga derecho a la carrera profesional y al desarrollo profesional que a las 35 horas semanales. Las 35 horas influye en el ámbito de la turnicidad de la atención sanitaria, influye en el ámbito de la atención continuada en Atención Primaria de salud, pero sobre todo, la carrera profesional es lo que nos están reclamando nuestros profesionales médicos y enfermeros, y desarrollo profesional del resto de las categorías de nuestro servicio extremeño de salud.

Después de muchos años de crisis, ha llegado el anuncio de la OPE en Sanidad. Al ser de estabilización a nivel nacional, ¿qué mecanismos pueden poner en marcha las consejerías para que no se vuelvan a repetir los contratos en fraude?

Pues lo que estamos haciendo es ofertar las plazas. Hemos dicho que es una estabilización, no hemos dicho que sea una consolidación. Estamos teniendo litigios, yo creo que no solo en la comunidad autónoma de Extremadura sino en otras comunidades autónomas, porque hemos acumulado la oferta de empleo público de los años anteriores en los que no se habían convocado oposiciones con la oferta extraordinaria que se obtiene a la hora de intentar estabilizar a los profesionales.

El objetivo que se persigue en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura es pasar de un 21 por ciento de temporalidad en los empleados públicos un índice de entre un 8 y un 9 por ciento. Para ello estamos acumulando la OPE a nuestras ofertas de empleo público para que las estas sean mucho más atractivas para nuestros profesionales y seamos capaces de estabilizar a más plantilla.

¿Por qué Extremadura ha decidido hacer coincidir las fechas de su OPE autonómica con las de la nacional?

Yo creo que era necesario que llegásemos a un pacto, sobre todo en determinadas categorías profesionales. Era necesario que llegásemos a un pacto donde fuésemos capaces de no tener efecto llamada de unas comunidades sobre otras. Para evitar ese efecto llamada es por lo que yo creo que se pone en marcha también la OPE extraordinaria y por lo que existe en el seno de la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud la necesidad de coordinar las fechas en las que se van a realizar los exámenes en las diferentes comunidades autónomas, y así lo hemos hecho.

El consejero espera que la universalidad se recupere en un corto plazo de tiempo.

Se ha celebrado el primer Consejo Interterritorial convocado por la ministra Carmen Montón. ¿Cuál es el siguiente paso para continuar con la recuperación de la sanidad universal?

Bueno, yo creo que en ese Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, al ser un punto único del orden del día, nos permitió a los consejeros y consejeras de Sanidad de las distintas comunidades autónomas reflexionar sobre los pros y los contras de la universalidad de la atención sanitaria.

Nos permitió reflexionar sobre un hecho que está en el corazón de la decisión que es el de convertir la protección de la salud, como dice nuestra constitución, en un derecho de ciudadanía, y eso es lo que nos permitió. ¿Qué pasos se van a seguir a partir de ahora? El Ministerio entendió qué es lo que queríamos las diferentes comunidades autónomas, y entendió también cuáles son los límites de la universalidad.

Aquí me estoy refiriendo a los límites que pone la Organización Nacional de Trasplantes, evitar el turismo sanitario, porque no es lo mismo la atención sanitaria universal que el turismo sanitario, que hay que evitarlo. Se llegó también a la conclusión que tiene que ver con lo que es la universalidad en el pleno sentido de la palabra, y ahora queda hacer una propuesta de borrador de Real Decreto.

Creo que por donde va a ir el Gobierno de España en este momento es por aprobarlo en forma de Real Decreto Ley, de tal suerte que luego tenga que ser convalidado por parte del congreso de los diputados en una siguiente sesión.

No sé si habrá alguna reunión más o no del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero yo creo que de allí salieron conclusiones muy importantes de universalidad. Y yo celebro la celeridad que la que lo ha hecho la ministra Carmen Montón. En tan solo 21 días ha sido capaz de poner en la agenda política la universalidad, que es algo que reclamábamos en diferentes Consejos Interterritoriales, sobre todo los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Socialista.

¿Cuándo cree que se va a recuperar de facto la sanidad universal?

Pues si va por un Real Decreto Ley y es convalidado por el propio Ministerio, debe de ser una cuestión de meses. Si vamos a otras fórmulas en las que es necesario una tramitación legislativa mucho más lenta, como puede ser un Proyecto de Ley, pues entonces ya estaremos hablando de bastante más tiempo.

Pero yo creo que el compromiso al que llegamos fue un compromiso serio de intentar que la universalidad se recuperase en un plazo breve de tiempo. Creo, y no quiero equivocarme, que el presidente del Gobierno de España dijo que como máximo en seis meses tendríamos universalidad en la atención sanitaria, y yo creo que ese plazo es asumible si se tramita como Real Decreto Ley.

La financiación de la sanidad universal fue uno de los puntos con los que las comunidades del Partido Popular no estuvieron de acuerdo. ¿Qué paso debe dar Hacienda para asegurar la cobertura de la universalidad?

Debatir el modelo del copago farmacéutico es una de las prioridades de la Consejería de Sanidad.

Es un discurso vacío porque de una forma o de otra las distintas comunidades autónomas nos la hemos ingeniado para poder atender a los inmigrantes en situación de irregularidad. Ninguno de ellos se ha quedado desatendido en España, los hemos intentado atender unos con resoluciones, otros con leyes que han sido recurridas, otros con lo que sea pero se han atendido, por lo tanto, ¿incide esto sobre la financiación de la Sanidad, la universalidad? La respuesta es: no tiene por qué suponer más de lo que ya estamos invirtiendo. ¿Se necesita una reflexión sobre financiación? Sí, pero global de todo el Sistema Nacional de Salud, no por la universalidad de la atención sanitaria. Niego la mayor cuando se dice que necesitamos una reflexión sobre financiación sanitaria por hacer universal la atención sanitaria.

¿Qué necesita el Sistema Nacional de Salud para que su financiación deje de ser un debate constante?

Necesita que se cubra el déficit estructural, el déficit que arrastra de forma crónica desde hace muchos años. Y para evitar eso hacen falta dos cosas, desde mi punto de vista.

Una, voluntad por parte del Consejo Interterritorial de aprovechar la conferencia de presidentes para decirles qué Sistema Nacional de Salud queremos y qué SNS nos podemos pagar. Y en segundo lugar, que exista la voluntad política de hacer frente, de forma paulatina, a la financiación del coste real de los servicios sanitarios para que le hablemos a la cara a los ciudadanos y le digamos qué prestaciones son las que entran, qué prestaciones no entran, qué prestaciones están universalizadas y cuáles forman parte de la cartera básica común o de la cartera básica complementaria.

Yo creo que estos son dos ejercicios que se tienen que hacer de la mano. Si el Ministerio de Hacienda no está dispuesto a mejorar la financiación, es inútil que el Consejo Interterritorial diga qué se tiene que financiar. Y si el Ministerio de Hacienda está dispuesto a subir la financiación, es inútil que no se aproveche para que el Consejo Interterritorial no haga un ejercicio de reflexión sobre qué Sistema Nacional de Salud queremos y podemos permitirnos los españoles.

La ministra anunció que haría muchos más Consejo Interterritoriales y que serían monográficos. ¿Cuál será el próximo tema a tratar?

Pues yo creo que hemos cogido la senda de la derogación, al menos parcial, del Real Decreto Ley 16/2012. Malo sería que después de abordar la universalidad, no abordásemos un tema que ha sido muy controvertido en todo este tiempo y que ha sido de una tremenda injusticia para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país como es el copago sanitario, en concreto el copago farmacéutico dentro del copago sanitario.

Yo creo que ese puede ser un buen elemento de reflexión. Yo propongo que esa reflexión sea en base al nivel de renta, más que si pensionistas o no pensionistas tienen que pagar o no pagar.

Ahora se da una paradoja en nuestro país que no se daba en la época pre crisis y es que en este momento tenemos trabajadoras y trabajadores pobres, asalariados y asalariadas pobres, que no pueden permitirse un copago de un 40 por ciento de los medicamentos que tienen que tomar y son gente que están en riesgo de vulnerabilidad social, por lo tanto, yo más que clasificar en pensionistas o no pensionistas, clasificaría en función de renta, pero eso es una opinión muy personal de esta comunidad autónoma y que yo creo que hay que debatirla de forma sosegada en un Consejo Interterritorial, que por cierto, me parece perfecto que la ministra quiera hacer Consejos Interterritoriales monográficos sobre estos asuntos y yo creo que tienen que ver con los temas que van en el controvertido Real Decreto Ley 16/2012.

¿Considera que el Consejo Interterritorial debería ser vinculante?

Siempre he dicho que sí. No se puede tener 17 calendarios vacunales en España, no se puede abordar la carrera profesional y que unas comunidades autónomas se adelanten a otras, y además, que los niveles de carrera no se reconozcan y no sean homologables en todo el territorio del Sistema Nacional de Salud para permitir la movilidad de los trabajadores y trabajadoras.

Todos los hechos en los que reflexiono me hacen pensar que tenemos que hacer una reforma del Consejo Interterritorial para que sean vinculantes. El cómo tienen que ser esos acuerdos para que sean vinculantes, si tienen que ser solo por consenso o tienen que ser por votación, ya será una cuestión de que nos pongamos de acuerdo, pero que tienen que ser vinculantes a mí no me cabe ninguna duda.

No podemos permitir que el Sistema Nacional de Salud sea solo la suma de 17 servicios regionales de salud, el Sistema Nacional de Salud es más que la suma de 17 servicios regionales de salud.

En Extremadura "tenemos mecanismos de incentivación para las plazas médicas de difícil cobertura".

¿En qué punto han quedado las reuniones de grupos de trabajo que estaban creando una  nueva configuración del Consejo Interterritorial?

Bueno, ha habido reuniones muy tormentosas sobre el nuevo reglamento de funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con enfrentamientos sobre si la Ley 40/2015 debe prevalecer sobre la Ley de Cohesión y Calidad.

Desde mi punto de vista la ley que debe prevalecer es la Ley de Cohesión y Calidad que es la que en sentido estricto crea el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por eso creo necesario que los acuerdos se lleguen por consenso, no se lleguen por votación, pero es cierto también que tenemos una ley, como es la Ley 40/2015 y si la abogacía del Estado considera que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es una conferencia sectorial –que para mí no lo es-, entonces tendremos que adaptarnos a la Ley 40/2015.

Sería bueno sería que aprovechásemos esta ley para establecer algún sistema que cuando no se llegue a acuerdos, -siendo el consenso el primer formato para llegar a los acuerdos- sea por votación y con esos acuerdos vinculantes. En este momento eso está parado y no se ha vuelto a hablar del tema. Ya se dejó en el Gobierno anterior y ahora mismo no sé qué trámites le dará la nueva ministra a ese proyecto de reglamento.

¿Qué espera de Carmen Montón al frente de la Sanidad española?

Bueno, yo espero bastante. Independientemente del signo político, yo he sido muy crítico con muchos ministerios de Sanidad y he sido muy crítico porque me parece que durante mucho tiempo en este país han gobernado presidentes de un signo y de otro que han convertido el Ministerio de Sanidad en la 'María' de los ministerios.

En ese sentido, yo creo que ahora tenemos a una ministra que sabe de Sanidad, que lo ha hecho en una comunidad autónoma donde ha tenido que gestionar y ha tenido que lidiar con una reconversión del sector privado al sector público, porque caducaban determinadas concesiones en la comunidad autónoma de Valencia.

Por lo tanto, yo espero de ella diálogo, que lleguemos a consenso y que lleguemos a diálogo y a consenso desde el conocimiento del sector sanitario que tiene la nueva ministra y que yo celebro.

Las agresiones a los profesionales sanitarios son una constante. ¿Qué medidas plantea su consejería para hacer frente a estas situaciones?

Nosotros hace mucho tiempo, ya antes del año 2010, publicamos con el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Badajoz y con el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Cáceres un protocolo contra las agresiones a los sanitarios. Yo creo que hay actuaciones que son preventivas y actuaciones que son de reposición una vez que se ha producido la agresión.

En cuanto a las actuaciones preventivas, la más positiva es que pongamos en valor la relación profesional-paciente, y que esto tenga un reconocimiento social. Esa relación, que es una relación contractual, que se establece de forma fáctica cuando se va a una consulta, esa relación está basada en la confianza. Yo paciente que tengo mermada mi salud pongo la confianza en el profesional para que me ayude a poder revertir mi situación de enfermedad y poder estar más saludable.

Si desaparece la confianza, y esto es por lo que tenemos que velar, es decir, eliminar todas las amenazas que tiene la relación profesional paciente, entra la desconfianza. Y si entra la desconfianza es el principal motivo de agresión que se produce en nuestro Sistema Nacional de Salud.

¿Cuáles son las amenazas que tiene esa relación profesional-paciente? La medicalización de la vida de las personas. Hemos convertido todo en un problema médico y muchas veces no se obtiene respuesta del ámbito sanitario porque la solución no está en este.

"Tenemos la exigencia de que los puestos dependientes de la Administración sean paritarios"

En segundo lugar, hemos despersonalizado la atención, lo hemos hecho en pro de la tecnología que hay en los centros sanitarios. Y en tercer lugar, yo creo que nos hemos encargado entre todos de desprestigiar socialmente a los profesionales sanitarios. Y son tres elementos los cuales tenemos que reivindicar más que nunca.

Una vez que se ha producido la agresión, el sistema sanitario tiene que volcarse con la persona agredida. El Gobierno anterior de Extremadura aprobó una ley de autoridad pública para los sanitarios, por lo tanto, son delitos contra la autoridad pública las agresiones y eso nos ha hecho que podamos situarnos en un escenario distinto.

También tenemos en marcha todo lo que tiene que ver con el registro de agresiones a profesionales por si del estudio de ese registro se detecta alguna situación más que sea objeto de prevención para las agresiones.

Últimamente se ha incorporado una figura que vamos a ver los resultados que da, que es el interlocutor policial sanitario que fue fruto de un acuerdo entre el exministro del Interior Zoido, la exministra de Sanidad Dolors Monserrat y la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado donde en cada una de las comunidades autónomas tenemos un interlocutor policial sanitario que a su vez se divide en provincias y estos se dividen en zonas de salud. Vamos a ver qué viabilidad nos da esa figura y ya veremos qué resultados tiene.

¿Qué sería necesario para que el MIR pueda dedicar más tiempo a la formación y no a la tarea asistencial?

El MIR es un contrato laboral y de formación, por lo tanto, cuando está trabajando está aprendiendo, y aprende en base a una metodología que es la solución de problemas. Si esto es así lo que tenemos que hacer es que el proceso de tutorización nos lo tenemos en serio, porque si está aprendiendo en resolución de problemas el elemento principal para la formación es el tutor que tenga, que le guíe a la hora de hacer esa tarea y que no lo tenga como un personal más del servicio, sino que de forma progresiva, como también establece el MIR, se vaya tutorizando y dejando de tutorizar de forma gradual.

Esto está basado en la pirámide del conocimiento. Tienes que demostrar qué conocimientos tienes, que sabes aplicar estos conocimientos, tienes que saber hacer y luego tienes que saber aplicarlo a la práctica. Por lo tanto, debemos incidir sobre la figura del tutor que yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos en este país.

No hemos apostado lo suficiente por el sistema de tutorización en el periodo de residencia, de hecho, la mayoría de los tutores suelen ser voluntarios y no tienen gratificaciones. Por lo tanto, no podemos reivindicar un papel más activo del tutor si no estamos dispuestos desde las administraciones a reconocer el papel del tutor, que simplemente puede ser reconocérselo como tiempo de trabajo en el sector clínico o en el sector de la gestión sanitaria. No estoy hablando de dinero, sino de méritos.

Luego hay otra parte que yo creo que es necesario que hagan todos los residentes y que nosotros en Extremadura hemos llamado ‘Programa común complementario’. ¿Todos los residentes tienen que saber entrevista clínica? La respuesta es sí. ¿Todos tienen que saber epidemiología? Pues en principio sí. ¿Todos tienen que saber estadística aplicada a la Biología? Pues en principio también. ¿Todos tienen que saber cómo está organizado el sistema sanitario? Sí. Pues en todo eso es en lo que se basa el ‘Programa común complementario’ y no tanto en que en las Urgencias tiremos a los residentes al mundo de la asistencia sin una tutorización más adecuada.

Entrevista completa a José María Vergeles (Parte1) Entrevista completa a José María Vergeles (Parte 2)

Hasta ahora, Andalucía y Aragón han presentado planes de incentivos para los llamados puestos médicos de difícil cobertura. ¿Tiene pensado desarrollar algún proyecto en este sentido?

Sí, nosotros no somos diferentes a otras comunidades autónomas que tienen una dispersión. Hay puestos que son de especial dificultad para su cobertura y evidentemente estamos trabajando con la mesa sectorial en incentivos en esos puestos de difícil cobertura.

En Extremadura que hay puestos de difícil cobertura y esos puestos de difícil cobertura tienen que tener un mecanismo de incentivación adecuado para que sean atractivos para los profesionales.

¿Y cuáles serían esos mecanismos?

Pues yo creo que, fundamentalmente, tienen que pasar porque el profesional considere que en esos puestos de difícil cobertura obtiene más puntos para futuros concursos de traslados, para procesos selectivos y para poderse mover por el territorio de una forma más adecuada, por lo tanto, eso es un motivo de atractivo.

En segundo lugar, esos puntos que están más distantes deben tener entornos de los sistemas de información más colaborativos, es decir, no deben estar aislados de la formación ni de la colaboración con otros profesionales, por lo que estamos trabajando en los sistemas de información para que sean colaborativos a través de las cámaras web. Así, uno que trabaja en la Siberia extremeña pueda acceder a una sesión clínica que se está dando en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz del más alto nivel de nuestra comunidad autónoma.

Y luego la tercera cuestión fundamental es que si hay que meter algún incentivo económico también se meta. Yo no soy muy partidario de los incentivos económicos porque son los que primero se agotan, se amortizan rápido. Uno se acostumbra al dinero rápido, hace su vida en función del dinero que gana y esos incentivos tienen muy poco recorrido, tienen más recorrido otro tipo como los que le acabo de citar.

¿Cómo fomenta la Consejería de Sanidad de Extremadura que la mujer pueda acceder a más puestos directivos?

Con exigencia. Tenemos la exigencia del presente de que nuestros puestos tienen que ser paritarios. De hecho hay una ley de presupuestos del año 2017 donde todos los consejos, todos los órganos de administración de empresas públicas, de organismos dependientes de la junta de Extremadura o de órganos directivos de la junta de Extremadura quedarían sin efecto si no hay paridad.