Cristina Mouriño. Madrid
El consejero de Salud y Política Social ha comparecido en la Asamblea regional para desgranar los objetivos y retos de la próxima legislatura. José María Vergeles ha avanzado que “blindar la sanidad pública es una de las medidas más urgentes”. El consejero de Sanidad ha garantizado que se llevará a cabo en dos sentidos: “impidiendo la construcción de hospitales a través de la colaboración público-privada, y evitando que las unidades de gestión clínica conlleven un cambio en el régimen jurídico y las condiciones laborales de los profesionales”. Asimismo, ha avanzado que impulsará una ley que impida la privatización y que llevarán al parlamento regional antes de enero.
Durante su comparecencia en la Comisión de Salud, el consejero ha planteado a los grupos la posibilidad de convertir los hospitales sociosanitarios en centros de media y larga instancia para mejorar la atención a la cronicidad. Asimismo, ha apostado por la “incorporación de forma decidida de la prevención y promoción de la salud, especialmente en Atención Primaria”.
En relación a la política social, Vergeles ha anunciado la puesta en marcha de un sistema público de servicios sociales basado “en la justicia social y no en la caridad”. Ha avanzado que se incorporará “por imperativo legal” a los dependientes de grado I al sistema y se potenciarán los servicios de atención domiciliaria. “No he venido a ‘sanitarizar’ los servicios sociales pero voy a aplicar las buenas prácticas de sanidad en este sistema”, ha añadido.
Como ya avanzó en su discurso de investidura, impulsará la renovación tecnológica, por desarrollar la accesibilidad con la apertura de los Puntos de Atención Continuada; abrirá el mapa sanitario para adecuarlo a una planificación ajustada a la realidad extremeña y apostará por los hospitales de Cáceres y Don Benito. Asimismo, ha garantizado que se potenciará la Atención Primaria y se establecerá un mapa de derivaciones entre los hospitales extremeños.
En materia de recursos humanos, José María Vergeles ha prometido “desjudicializar la oferta pública de empleo (OPE) , trabajar en la cobertura de plazas, y calendarizar las OPE y los concursos de traslados”. Asimismo, ha defendido la implantación de la gestión clínica “sin que suponga una privatización encubierta”.
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