Extremadura y el Gobierno central negociarán en el marco de una comisión bilateral para intentar llegar un acuerdo sobre la Ley extremeña de Sanidad Universal para intentar llegar a un acuerdo que evite que el primero interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la norma autonómica.
El Boletín Oficial del Estado ha publicado una resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se crea la 'Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura', en relación con la Ley de Extremadura 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social.
Esa comisión es el paso previo a acudir al Tribunal Constitucional (TC). El último ejemplo análogo se ha producido entre Estado y Castilla-La Mancha, sobre la ley regional que reducía la jornada de los empleados públicos a 35 horas semanales. En aquella ocasión no hubo acuerdo en la bilateral y el Estado recurrió ante el TC, obteniendo un fallo favorable por parte del Alto Tribunal. El Gobierno dispone de hasta un máximo de 9 meses para decidir si esta vez presenta otro recurso de inconstitucionalidad.
En este caso, la comisión bilateral tratará de llegar a un acuerdo sobre cómo interpretar o modificar el título II (artículos 3 a 10), el artículo 12.1 y las disposiciones adicionales primera y segunda de la Ley 7/2016. Estos artículos de la ley extremeña son los que extienden a los inmigrantes en situación irregular el derecho a atención sanitaria gratuita y fijan el copago para este colectivo en el 40 por ciento para los menores de 65 años y el 10 por ciento para los mayores de 65 años.
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